Dentro de este escenario, Minsait, compañía digital de Indra Group, ha subrayado el valor de las personas como centro de la ecuación en la transformación de la Justicia, y ha destacado la necesidad de integrar tecnología en la Administración para avanzar hacia una Justicia Digital que facilite y mejore la accesibilidad, la transparencia y la eficiencia de los servicios judiciales.
En palabras de Grisel Giunta Santimoteo, responsable de Justicia en Administraciones Públicas de Minsait “la transformación digital en la Justicia va más allá de implementar tecnología avanzada; se trata de poner a las personas en el centro del cambio, potenciando el rol de todas las personas que operan y se benefician de ella”. Este enfoque humano busca asegurar un acceso justo y eficiente de la justicia tanto a los ciudadanos -como destinatarios finales del servicio- como a los usuarios de los órganos judiciales cuyo papel, “resulta crucial en este proceso, pues ellos son los que aseguran que las herramientas digitales se empleen de forma ética y centrada en el ciudadano”.
En línea con esta perspectiva humana, para Minsait la visión de una Justicia Digital debe ser inclusiva, garantizando que todas las personas tengan acceso a un servicio público que responda a sus necesidades y respete sus derechos. Esto implica la formación y capacitación continua de los profesionales del Servicio Público de Justicia para fortalecer sus competencias digitales y optimizar su desempeño, lo cual repercute directamente en la eficiencia y eficacia del servicio, además de mejorar la calidad de los datos y aumentar la productividad de este.
Un sistema más justo y eficiente
Además, destacan desde Minsait, para que la tecnología sea un aliado y no un desafío, es fundamental priorizar una implementación que respete los derechos y necesidades de todas las personas implicadas a la hora de apostar por la digitalización, primando sistemas IA sin discriminaciones ni sesgos, y otros aliados tractores como la automatización, la analítica de datos o el incremento de la ciberseguridad. “La clave es que los avances tecnológicos permitan liberar a los usuarios de la Administración de Justicia de tareas mecánicas, dándoles más tiempo para decisiones estratégicas y humanamente sensibles, lo que garantiza un sistema más justo y eficiente”, asegura la experta.
La compañía mantiene que una gran oportunidad para fortalecer la Justicia como servicio público radica en la colaboración de los sectores público y privado. Este tipo de cooperación permite combinar la experiencia y los recursos de cada sector para desarrollar “modelos de colaboración para el ámbito judicial y espacios de co-creación, facilitando el desarrollo de soluciones integrales y adaptadas a las necesidades del sistema y las personas”, subraya Grisel Giunta Santimoteo.
Con el mismo propósito de asegurar que una justicia digital se mantenga accesible para todos, es primordial reducir la brecha digital y garantizar una comunicación telemática, directa y eficiente entre la ciudadanía y la Administración de Justicia. Para ello, la responsable sentencia que resulta de vital importancia “invertir en la capacitación de los equipos y promover plataformas intuitivas para los ciudadanos, de modo que cada persona, independientemente de su conocimiento tecnológico, pueda beneficiarse de estos avances”.
Minsait lleva más de 35 años trabajando con las administraciones, ha desarrollado más de 100 proyectos de modernización de justicia en 15 países e instalado sus sistemas de información en más de 10.000 órganos judiciales. La unidad especializada de Justicia en Minsait trabaja de forma coordinada y permanente con otras áreas de la compañía, con visión de futuro y determinación para diseñar y construir productos y soluciones, incorporando servicios de valor que aporten una mejora real del Servicio Público de Justicia. La compañía ha implementado con éxito proyectos de expediente judicial electrónico en las cortes de Nicaragua, Costa Rica y España, país en el que es líder en el desarrollo de sistemas de gestión judicial y prestación de servicios, tanto en la administración central como autonómica.