Por un lado, una superestrella del tenis que no está vacunada y que ha expresado su preocupación por recibir la vacuna. Por otro lado, un gobierno que cree que la continuidad de Djokovic en Australia hubiera tenido un grave efecto negativo en las directrices de salud pública y en los futuros niveles de vacunación.
El pleno del Tribunal Federal australiano, en una sentencia unánime, ha desestimado la solicitud de Djokovic para anular la cancelación de su visado. No es sorprendente que el tenista haya perdido el caso. Aunque las pruebas utilizadas por el ministro de inmigración para anular el visado no eran abrumadoramente sólidas, la amplitud de sus poderes en virtud de la Ley de Migración hacía muy difícil impugnar con éxito sus conclusiones.
Pero las cuestiones jurídicas que plantea este caso no terminan aquí. ¿Cuáles son las consecuencias de la decisión del gobierno en futuros casos que impliquen a “antivacunas” de alto perfil o a personas que puedan ser consideradas como un riesgo para el orden social de Australia?
Aunque el gobierno puede estar satisfecho con el fallo judicial, yo me preguntaría si este es un precedente viable para otros deportistas, o de hecho cualquier persona que pueda ser vista como un riesgo para el interés público de Australia.
Lo que el gobierno alegó
El ministro de Inmigración está facultado para cancelar un visado si considera que la presencia de una persona en Australia podría suponer un riesgo para la salud, la seguridad o el buen orden de Australia, y la cancelación es de interés público.
El uso de la fórmula podría suponer es importante. El ministro no necesita demostrar que la presencia de Djokovic es un riesgo, sino que podría serlo.
Al cancelar el visado de Djokovic el pasado viernes, el ministro de Inmigración Alex Hawke razonó que la conducta y la postura del tenista en contra de la vacunación podrían animar a otros a emularle debido a su alto perfil.
Hubo dos cuestiones con respecto a la declaración ministerial que se discutieron en el pleno del Tribunal Federal:
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Hawke no pidió la opinión de Djokovic sobre su actitud actual respecto a las vacunas. En su lugar, el ministro citó distinto material que dejaba claro que Djokovic había expresado públicamente un sentimiento antivacunas. Esto incluía un artículo de la BBC, que los abogados de Djokovic argumentaron que no era suficiente para hacer un juicio sobre sus opiniones sobre la vacunación.
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Hawke se refirió explícitamente al efecto que la presencia de Djokovic tendría sobre la salud pública y el orden social. Sin embargo, lo que el ministro no tuvo en cuenta fue la otra cara de este argumento. Es decir, que la deportación de Djokovic podría provocar un aumento del sentimiento antivacunas y de disturbios civiles.
Lo que Djokovic alegó
Los abogados de Djokovic presentaron algunos argumentos muy convincentes sobre el razonamiento de Hawke. En pocas palabras, los abogados dijeron que el ministro tenía dos opciones:
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Cancelar el visado y deportar a Djokovic;
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No cancelarlo y dejarle que se quedara en el país.
Los letrados argumentaron que era irracional que Hawke solo cuestionara el efecto que la presencia de Djokovic tendría en el sentimiento antivacunas en Australia y no el efecto que tendría su deportación.
Los abogados de Djokovic también objetaron que las conclusiones del ministro carecían de pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que su presencia en Australia podría suponer un riesgo para la salud o el buen orden del país y la afirmación de que Djokovic tenía una “postura bien conocida sobre la vacunación”.
Los abogados de Djokovic admitieron que este había dicho anteriormente que se oponía a las vacunas. Sin embargo, señalaron en relación con el artículo de la BBC:
Más tarde aclaró su posición añadiendo que no era “ningún experto” y que mantendría una “postura abierta”, pero que quería tener “la opción de elegir lo mejor para mi cuerpo”.
Es importante señalar que este pasaje calificativo no fue extraído por Hawke en su declaración, un hecho que los abogados de Djokovic destacaron en la audiencia.
Por qué fracasó el caso de Djokovic
El gobierno argumentó, por su parte, que era razonable concluir que Djokovic se opone a la vacunación basándose en sus anteriores declaraciones públicas y en el hecho de que se sabe que no está vacunado.
El ejecutivo también señaló que Hawke no sólo estaba preocupado por las opiniones actuales de Djokovic sobre la vacunación, sino por la “percepción pública” de sus opiniones.
Y añadió que el ministro no tenía que demostrar que la presencia de Djokovic ha fomentado una actitud de antivacunación o que necesariamente la fomentará. Todo lo que tenía que demostrar era que su presencia en Australia podría fomentar el sentimiento antivacunas, un umbral relativamente bajo.
Es de suponer que esta es la razón por la que fracasó la apelación de Djokovic. Aunque había dudas sobre las pruebas utilizadas por Hawke, los poderes de la Ley de Migración son muy amplios y es difícil impugnarlos basándose en la ilegalidad.
Implicaciones para el futuro
Aunque la decisión del Tribunal Federal puede considerarse legalmente justificada dada la amplitud de los poderes de cancelación de la Ley de Migración, hay que reflexionar sobre las futuras implicaciones de estos poderes y lo que esto significa para la capacidad del gobierno de cancelar los visados de otras personas.
Las conclusiones de Hawke se asientan en que basta con demostrar que Djokovic es una estrella deportiva icónica que se percibe como antivacunas y, por tanto, puede fomentar el sentimiento antivacunas en Australia.
Esto me preocupa por varias razones.
En primer lugar, es injusto que la percepción o las acciones de otros puedan determinar la elegibilidad de alguien para permanecer en un país. Una persona puede ser percibida erróneamente como poseedora de una creencia particular y aun así ser objeto de una cancelación de visado.
En segundo lugar, el ministro se basó en la supuesta condición de Djokovic como “modelo de conducta” y su capacidad como deportista de alto nivel para influir aparentemente en la sociedad. ¿Qué pasa si un deportista no está vacunado, pero no es de alto perfil?
En tercer lugar, y este es el punto más preocupante, si extendemos esta lógica a otras personas, podría justificar la cancelación de cualquier individuo que sea visto como un “modelo a seguir” y que pueda ser percibido como causante de malestar social o protestas.
La idea de que se pueda cancelar el visado a una persona porque sus opiniones puedan afectar a la salud, la seguridad o el buen orden de la comunidad australiana plantea, además, problemas de libertad de expresión.
Un poder de cancelación amplio permite al gobierno detener a visitantes internacionales que puedan tener un mensaje importante que lanzar a los australianos. Y esto podría plantear problemas importantes para el debate político en Australia.
Maria O'Sullivan, Associate Professor, Faculty of Law, and Deputy Director, Castan Centre for Human Rights Law, Monash University
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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