La Constitución de 1978 estableció un nuevo modelo estatal, descentralizado y organizado en Comunidades Autónomas (CCAA), dotadas de sus propias administraciones y gobiernos y de amplias competencias legislativas.
El desarrollo de la nueva forma de organización territorial (el Estado Autonómico) no ha detenido el proceso de concentración de poder político y económico en la capital del reino, que parece haberse intensificado en las primeras décadas del siglo XXI.
El progresivo fortalecimiento madrileño apenas ha sido objeto de debate político o académico. Solo en fechas muy recientes algunas comunidades autónomas, perjudicadas por la pérdida de población y de empresas cualificadas que se han desplazado a Madrid, han venido expresando sus reticencias y temores ante el continuo crecimiento de la región capital, en detrimento del suyo propio.
Una de esas comunidades, la valenciana, ha hecho público un informe elaborado en 2020 por el Laboratorio de Análisis de Políticas Públicas del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IvieLAB), en colaboración con la Presidencia de la Generalitat Valenciana. Esta rigurosa investigación, titulada “Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal”, ha servido de base para este análisis. Una vez expuesto, terminaremos con una serie de conclusiones y perspectivas de futuro.
Población, educación y empleo
En los últimos 50 años la Comunidad de Madrid ha triplicado su población. Con solo el 1,6% del territorio español, su renta por habitante es un 36% superior a la media estatal y acumula una quinta parte de la renta nacional.
Además, presenta los mejores datos en términos de ocupación, tras haber duplicado el número de personas empleadas en las últimas cuatro décadas. Destaca la elevada proporción de empleados con estudios universitarios: el 41%, más de 10 puntos por encima de la media nacional. Esto se debe, fundamentalmente, a que Madrid dispone de la mejor oferta educativa y de la mayor demanda de formación de España, pues concentra el 21% de las ocupaciones cualificadas de todo el Estado.
Por otra parte, en Madrid se encuentran el 44,5% de las 1000 empresas más grandes de España, que representan el 56% de los ingresos de este sector. Según la investigación del IvieLAB, la concentración de sedes corporativas se debe, en buena medida, a que en la capital están los centros de decisión de la contratación pública (allí se adjudican un 72% de las licitaciones y un 87% de los importes) y numerosos organismos del sector público estatal (SPE), que ocupan a un total aproximado de 45000 empleados.
Aunque el sector privado es un potente motor de la actividad económica madrileña, el sector público contribuye a reforzarla con grandes inversiones en infraestructuras estratégicas (Barajas ha recibido el 34% de la inversión aeroportuaria española de los últimos veinte años), y situando en la región entidades públicas que podrían localizarse en otras comunidades autónomas.
Otra cuestión relevante es la política fiscal del gobierno madrileño. De acuerdo con el IvieLAB, Madrid ha sido la comunidad de Régimen Común que más ha utilizado su capacidad legislativa para aprobar cuantiosos beneficios en los impuestos de su competencia (tramo autonómico del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones). Estas ventajas fiscales han favorecido la domiciliación de contribuyentes con elevadas rentas que no necesariamente residen en la capital pero que han dejado de tributar en sus comunidades de origen, que ven así reducidos sus ingresos.
Conclusiones y perspectivas
Desde su adhesión a la Unión Europea, el Estado español ha destacado por demandar una política europea de cohesión territorial que elimine las grandes diferencias económicas entre los países ricos del norte y los pobres del sur. Sin embargo, no parece haberse preocupado tanto por reducir esas divergencias entre las regiones de su territorio nacional.
Cuatro décadas después de la puesta en funcionamiento del Estado de las Autonomías, España, un Estado que se considera descentralizado, sigue concentrando el SPE y priorizando la inversión en infraestructuras estratégicas en la capital, favoreciendo de este modo la mudanza de empresas y residentes de otras comunidades hacia Madrid.
Es necesario afrontar ya la desconcentración de los numerosos organismos e instituciones del SPE. Es preciso abandonar el modelo radial, realizando una mejor distribución territorial de la inversión en infraestructuras, y corregir los desequilibrios económicos producidos por la política fiscal madrileña mediante la armonización normativa entre las CCAA de Régimen Común.
La falta de una visión descentralizadora en las élites económicas, financieras, políticas, jurídicas y mediáticas españolas, asentadas en la capital, nos impide ser optimistas respecto a la reversión de un sistema en el que todo empieza y acaba en Madrid. Una región que acumula cada vez más poder, población y riqueza, a costa de la mayoría de las comunidades autónomas, que asisten a la reducción paulatina de su capacidad para crecer y competir en los ámbitos estatal y europeo.
Este es un problema de enorme trascendencia que afecta gravemente a la cohesión territorial de España. Para otros problemas territoriales se han encontrado soluciones normativas pero para resolver este no creemos que se actúe con la misma agilidad. Porque para solucionar un problema se debe reconocer primero su existencia. Y, hasta ahora, no se ha percibido voluntad política para reconocerlo, ni mucho menos para solucionarlo.
Constantino Cordal Rodríguez, Profesor de Ciencia Política y de la Administración, Universidade de Vigo
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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