Las telecos europeas advierten del alto coste de vetar a Huawei y ZTE en infraestructuras digitales críticas

Las dos mayores asociaciones de empresas del sector de las telecomunicaciones en el Viejo Continente, GSMA y Connect Europe, han advertido del elevado coste que supondría vetar los equipos de empresas como Huawei y ZTE en las infraestructuras digitales críticas de la Unión Europea después de que la Comisión Europea haya planteado que sean obligatorias las recomendaciones de seguridad para las redes 5G que Bruselas trata de inculcar desde hace años de manera voluntaria, con éxito desigual entre los países del bloque.

Si bien las dos entidades reconocen la necesidad de mejorar la seguridad de las redes, también coinciden en que el planteamiento trasladado desde Bruselas obstaculizaría la realización de las inversiones que las empresas del sector deben acometer en los próximos años.

Por un lado, GSMA ha subrayado que "en tiempos de fricción geopolítica" y con un "panorama de riesgos en constante evolución", las telecos realizan "inversiones sustanciales" para garantizar la seguridad y resiliencia de la infraestructura digital europea.

Sin embargo, considera que llevar a cabo el planteamiento de Bruselas, que forzaría la exclusión de proveedores de alto riesgo como Huawei o ZTE, implicaría unos "costes sustanciales" que pueden reducir los recursos disponibles para las actualizaciones de la red y las mejoras de conectividad planeadas.

"Compartimos el objetivo de la Comisión de reforzar la ciberseguridad europea. Sin embargo, estas medidas deben basarse estrictamente en los riesgos y ser operativamente viables, reforzando la gestión de riesgos de ciberseguridad, manteniendo al mismo tiempo una conectividad de alta calidad y la evolución continua de la red. Las revisiones propuestas a la Ley de Ciberseguridad dificultan este proceso y, en última instancia, podrían socavar la capacidad de los operadores europeos para modernizar las redes a buen ritmo y cumplir con las ambiciones de conectividad del continente", ha remarcado la GSMA.

Asimismo, la patronal ha hecho hincapié en que las medidas legislativas sobre la seguridad de la cadena de suministro deben ser específicas y ofrecer previsibilidad a largo plazo.

Asimismo, ha recalcado que no todos los elementos de los equipos son igual de sensibles, por lo que, a su juicio, son "innecesarios y desproporcionados los enfoques generales".

"Además de la falta de proporcionalidad de las medidas propuestas, los plazos poco realistas pueden provocar una interrupción significativa de los servicios para los usuarios, así como un elevado coste adicional", ha agregado la GSMA.

En la misma línea, Connect Europe ha advertido de "políticas que debilitarían significativamente al mismo sector que pretenden proteger".

"Los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a importantes requisitos de inversión para completar el despliegue de 5G y fibra, mientras que las condiciones regulatorias actuales y la falta de escala limitan su capacidad de inversión. En este contexto, Connect Europe advierte de que la adopción del actual borrador de la Ley de Ciberseguridad agravará la carga impuesta al sector, con multimillonarios costes regulatorios adicionales que probablemente se subestimen", ha remarcado.

La entidad también ha argumentado que si la imposición de las restricciones propuestas no se mitigan con medidas como mecanismos de reembolso, se afectará de forma significativa y negativa al despliegue de la red, a su continuidad operativa y a la planificación de la inversión.

"Connect Europe insta a los legisladores de la UE a corregir la propuesta de la CSA durante el proceso legislativo y garantizar que ofrezca resultados de seguridad efectivos sin comprometer la competitividad digital de Europa", ha resaltado la organización.

“Viola los principios jurídicos de la UE”

"Una propuesta legislativa para limitar o excluir a los proveedores no pertenecientes a la UE basándose en el país de origen, en lugar de en pruebas objetivas y normas técnicas, viola los principios jurídicos básicos de la UE de equidad, no discriminación y proporcionalidad, así como sus obligaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC)", han indicado a Europa Press fuentes oficiales de Huawei.

Asimismo, la empresa asiática ha señalado que seguirá de cerca la evolución del proceso legislativo y ha advertido de que se reserva "todos los derechos" para salvaguardar sus "intereses legítimos".

"Como empresa que opera legalmente en Europa, Huawei seguirá proporcionando productos y servicios seguros y fiables. Seguiremos de cerca la evolución del proceso legislativo y nos reservamos todos los derechos para salvaguardar nuestros intereses legítimos", ha subrayado.

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