Carlos Grande (foto), socio de Abencys, afirma que la regulación, en caso de ser aprobada, supondría “una posible restricción a libertad de empresa constitucionalmente protegida que, además, desincentivará a los inversores en aquellas Comunidades Autónomas que apliquen la norma”
A pesar de que no se han hecho públicos todos los apartados de la norma que acordarían PSEO y UP, algunas de las áreas más notorias de este proyecto son, por ejemplo, el establecer personas jurídicas con más de diez viviendas en propiedad como grandes propietarios, medias de protección en los procedimientos por desahucio o el recargo del IBI de un ciento cincuenta por ciento a las viviendas vacías.
Estas medidas causarían la falta de incentivos y el aumento de dificultades para inversores y propietarios dentro del sector inmobiliario. Dichas regulaciones amenazan, según los expertos, la libertad de empresa dentro del mercado, además de ser perjudiciales para la inversión tanto particular como profesional por aminorar la seguridad jurídica. En definitiva, se puede decir con relativa seguridad, que esta situación podría ahuyentar a posibles inversores, además de hacer peligrar la permanencia de los ya existentes.
En esta línea, Carlos Grande, socio de Abencys, apunta que, “si el inversor no tiene incentivo, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay vivienda nueva y tampoco hay gasto en las existentes, con el consiguiente perjuicio para el arrendatario, que ve limitada su elección. Y si no hay inversión, no hay actividad económica y se incentiva el desempleo”.
Un proyecto difuso
Poco a poco se van conociendo más detalles que han resultado del acuerdo para el proyecto de la Ley de Vivienda, pero todavía hay muchos puntos que están sin definir. Estas pautas algo difusas dificultan a los expertos y posibles afectados por la norma definir sus proyecciones a futuro, creando una atmósfera de inseguridad que no beneficia a ninguna de las partes. Además, esta poca claridad en cuanto a medidas apunta a que es un proyecto que difícilmente llegue a hacerse efectivo y se quede como un simple acuerdo.
Según los expertos de Abencys, esta situación puede acarrear nefastos resultados para el mercado inmobiliario. Es por ello que se estima que este proyecto de ley no acabe por aprobarse. Tal y como añade Carlos Grande, “se trata de un proyecto que no creemos tenga visos de aplicarse dadas las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios en materia de suelo, vivienda y su fiscalidad”.
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