El Parlamento de Cataluña ha iniciado formalmente la tramitación de la nueva Ley del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) después de que el Pleno haya rechazado esta tarde las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos parlamentarios de la CUP y el Partido Popular. Con ese resultado favorable, la ley continuará ahora su recorrido parlamentario en comisión. En esta segunda fase se abrirá el período de audiencias con expertos y agentes sociales, así como el plazo para la presentación de enmiendas a la propuesta de articulado antes de su aprobación definitiva.
El consejero de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha destacado durante su defensa del proyecto de Ley que "este proyecto no se limita a modificar la forma de abrir nuevas estaciones, sino que actualiza un modelo que ha quedado jurídica y operativamente limitado". El conseller ha asegurado que "el nuevo modelo dota a Cataluña de un sistema de ITV más estable, más adaptable y con más capacidad de respuesta, preservando al mismo tiempo la cobertura territorial, la calidad del servicio y las garantías para los usuarios".
El objetivo principal de esta nueva normativa, impulsada por el Departamento de Empresa y Trabajo, es actualizar el marco jurídico del servicio de ITV en Cataluña, dotándolo de las herramientas necesarias para que pueda adaptarse ágilmente a las necesidades de los usuarios ya los cambios normativos sobrevenidos, de forma que se integre en el modelo catalán de seguridad industrial.
El texto define de forma integral un modelo de prestación del servicio de ITV en Cataluña, que da seguridad jurídica a los operadores que actúan o que quieren actuar en este ámbito de inspección, establezca un sistema coherente y da respuesta a las necesidades de sus usuarios. Asimismo, con el Anteproyecto de ley, el Gobierno da un paso más en la evolución de la regulación de la ITV, en el sentido de acercar el servicio a la ciudadanía, mejorando su eficiencia, favoreciendo la sostenibilidad ambiental y otorgando libertad de elección a los usuarios.
En este sentido, la nueva ley debe asegurar la calidad técnica de la prestación del servicio de ITV; garantizar la seguridad jurídica en la aplicación de la normativa sobre las ITV; conseguir que se preste de forma suficiente en todo el territorio; aplicar medidas de sostenibilidad ambiental en las estaciones; garantizar la libre elección de operadores por parte de los usuarios y agilizar las tramitaciones administrativas; y al mismo tiempo mantener todos los requisitos de competencia técnica exigibles a estos centros de inspección para el desarrollo de la actividad.
En definitiva, el nuevo modelo permite el libre acceso a nuevos operadores, favorece el incremento de la red de estaciones e impulsa la competencia, manteniendo y reforzando el control y supervisión de la Generalitat de Catalunya.
Actualmente, Cataluña dispone de 50 estaciones fijas de ITV y 10 unidades móviles, gestionadas por cinco operadores privados. En su conjunto, estos centros realizan aproximadamente 3,2 millones de inspecciones anuales. El parque de vehículos catalán asciende a más de 5,4 millones de vehículos, con una antigüedad media de quince años.
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