El problema de la alta temporalidad
Probablemente lo mejor de la misma es que, al final, no se ha producido la derogación total de la reforma que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en 2012. Porque aquella vuelta de tuerca a la regulación del mercado de trabajo español permitió incrementar la productividad de las empresas y asegurar su competitividad, dos elementos de suma importancia para superar la crisis de la burbuja inmobiliaria y sobrevivir en el mundo de la globalización.
Además, esa reforma contribuyó de forma muy importante al crecimiento del empleo. Puede que los trabajos no fueran los mejor pagados pero, gracias a ello, la tasa de paro pudo descender desde el 26 % en 2011 hasta el 13 % de la población activa en 2020.
Aquella reforma, no obstante, tenía aspectos mejorables. Uno de ellos, el principal de la reforma que se acaba de aprobar, era el de la excesiva temporalidad de la contratación. En España, aproximadamente el 90 % de contratos laborales que se firmaban todos los meses eran temporales, según los datos del paro registrado.
Esto supone un doble problema para la economía española:
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Por un lado, las empresas, en muchos casos, no pueden contar con trabajadores debidamente cualificados puesto que las altas tasas de temporalidad reducen los incentivos para invertir en su formación.
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Por otro, a las personas les cuesta más poder planear un proyecto de vida si carecen de un puesto de trabajo estable.
Además, el empleo temporal suele estar peor retribuido que el indefinido. Todo ello va en contra del buen funcionamiento de la economía.
El problema del alto coste del despido
La nueva reforma laboral aborda la cuestión de la temporalidad cuando pretende que el contrato indefinido sea la norma y no la excepción, como venía sucediendo hasta ahora. Para ello, reduce el periodo en el que se pueden encadenar contratos temporales antes de que el trabajador pase a ser considerado indefinido. Además, reserva la contratación temporal para los contratos de formación y los contratos temporales estructurales, esto es, los contratos por obra y servicio determinados. Más allá de estas situaciones, no se podrá utilizar el contrato temporal.
La cuestión es si con esta fórmula se va a resolver el problema. La causa principal de los altos niveles de temporalidad en España ha sido siempre los altos costes del despido. Las empresas, en general, han preferido optar por la contratación temporal porque les dotaba de una mayor flexibilidad a la hora de adaptar su plantilla a las circunstancias cambiantes de la economía.
Para facilitar la contratación indefinida, la reforma de 2012 redujo el coste del despido objetivo a 20 días por año trabajado, desde los 33 anteriores. Para los despidos improcedentes, se bajó de 45 días a 33, con un máximo de 24 mensualidades en vez de 42. También fueron eliminados los salarios de tramitación.
No obstante, organismos internacionales como la OCDE o la Comisión Europea estiman que el coste del despido en España está entre los más elevados de los países industrializados. Pese a ello, los sindicatos y una parte de los socios del Gobierno querían derogar estos puntos de la reforma laboral de Rajoy.
La reforma laboral que ha sacado adelante el Ejecutivo no lo ha hecho porque, de haber dado marcha atrás, hubiera afectado negativamente a la creación de empleo, cuando España todavía tiene que recuperar los niveles de ocupación previos no solo a la crisis del covid-19, sino al estallido de la burbuja inmobiliaria, y debe hacerlo mediante la creación de empleo sobre todo en el sector privado.
El problema de los altos costes laborales
El principal problema de la nueva reforma es la recuperación del convenio sectorial frente al de empresa, algo que demandaban los sindicatos porque es el que les da poder. Sin embargo, la negociación sectorial se aleja de la realidad de las empresas y puede acabar provocando subidas salariales por encima de lo que muchas pueden permitirse. De hecho, no todas las compañías de un mismo sector son igual de competitivas o se encuentran en la misma situación.
Una de las causas de la anterior crisis económica fue que, como resultado de la negociación colectiva sectorial, los costes laborales en España crecieron a una tasa media del 4 % anual entre 1997 y 2007, frente a un crecimiento nulo de la productividad. En consecuencia, durante aquel periodo, la inflación española estuvo todos los años, sistemáticamente, un punto o más por encima de la media de la Eurozona, lo que deterioró la competitividad.
Por ello, la Unión Europea, a través del Pacto del Euro Plus (2011), pidió que la evolución de los costes laborales se vinculase con la de la productividad. La cuestión ahora es si, con esta nueva reforma, en España eso va a ser posible.
Emilio José González González, Profesor de Economía, Universidad Pontificia Comillas
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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