El conjunto de instalaciones ha emitido 11,18 millones de toneladas de CO₂ equivalente (tCO₂ eq) durante el 2025, un descenso del 2,6% respecto a 2024. Estas instalaciones representan aproximadamente el 30% de las emisiones totales de GEI de Cataluña y, desde el 2005, desde el 2005.
Menos emisiones en todos los sectores industriales
La bajada de emisiones es generalizada en la industria. Destacan el cemento y la cogeneración, con una reducción conjunta superior a las 300.000 tCO₂ eq, y la refinería, fabricación de vidrio y productos químicos orgánicos, que suman una disminución de más de 160.000 tCO₂ eq. Las principales causas son la mejora de la eficiencia energética y la reducción puntual de la producción en sectores como el cemento y la refinería. Sólo los metales no férreos y la producción de hidrógeno y gases de síntesis registran ligeros incrementos de emisiones.
En cambio, el sector eléctrico incrementa sus emisiones un 12%, en un año aún marcado por la sequía, el aumento de la demanda y unos precios del gas más moderados.
Pese a que el PIB industrial catalán ha crecido entre 2021 y 2025, las emisiones industriales han continuado descendiendo, un indicador claro del desacoplamiento entre actividad industrial y emisiones.
Del total de emisiones del RCDE en Cataluña, el 67% proceden de la combustión de combustibles fósiles (22% en generación eléctrica y 45% en procesos industriales), mientras que el 33% son emisiones de proceso, principalmente por descarbonatación de materias primas. Las emisiones de combustión son las que tienen mayor margen de reducción a corto y medio plazo, mediante eficiencia, combustibles alternativos o electrificación con energía renovable.
Déficit de derechos
En 2025, las instalaciones catalanas del RCDE tendrán que comprar 4,13 millones de derechos de emisión adicionales a los que han recibido gratuitamente. El déficit se concentra en el sector energético, la refinería y la industria química. Con un precio del CO₂ situado entre 60 y 70 € por tonelada, el coste de adquirir derechos refuerza la necesidad de invertir en tecnologías más eficientes y en la sustitución de combustibles fósiles.
Desde 2024, tres plantas de incineración de residuos sólidos urbanos también deben reportar emisiones, aunque no tendrán obligaciones de cumplimiento hasta 2026, cuando la Comisión Europea decidirá su plena inclusión en el régimen.
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