El Gobierno se coordina con una treintena de municipios por el control de alojamientos turísticos ilegales

El servicio de Inspección de la Dirección General de Turismo, del Departamento de Empresa y Trabajo, ha formado a los equipos de inspección de los ayuntamientos que lo han requerido en el uso de la plataforma de control de alojamientos turísticos. Han sido más de treinta municipios quienes desde hoy cuentan con la formación en la herramienta de rastreo.

La directora general de Turismo, Cristina Lagé, ha recordado que el pasado 15 de enero el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, anunció que la Generalitat ponía a disposición de los ayuntamientos la herramienta de control de las viviendas de uso turístico ilegales y “un mes después ya es una realidad. Hemos articulado la formación y la coordinación de los equipos para que desde hoy ya puedan utilizarla.”

La herramienta permite identificar de forma más eficiente las ofertas de alquiler turístico que no cumplen la normativa. Al encuentro de coordinación de hoy asistieron más de cincuenta personas entre agentes de la autoridad, inspectores y responsables del control de la actividad turística de toda Catalunya.

Lagé ha explicado que con "esta coordinación entre la Generalitat y los municipios sumamos esfuerzos y compartimos la información inspectora para combatir la oferta ilegal de alquiler turístico que se publiquen en las plataformas en cada localidad ". La directora general ha recordado que la ley de Turismo da la capacidad de control y sanción tanto a la Generalitat como a los ayuntamientos.

Los municipios que se han sumado a la coordinación de la inspección que han participado hoy en la formación son: Lloret de Mar, Sitges, Castelldefels, Blanes, Valle de Boí, San Feliu de Guíxols, Llançà, Banyoles, Olivella, Ripoll, Tossa de Mar, Santa Arena, Platja d'Aro de Llobregat, Santa Coloma de Gramanet, Igualada, Mont-roig del Camp, Canet de Mar, Gavà, Tremp, Palamós, Castelló d'Empúries, Palafrugell, Villanueva del Vallés, El Masnou, Santa Pau, Sant Feliu de Llobregat, Cambrils, Torroella de Montgrí, Vidreres y Talarn.

Durante el año 2024, la Generalitat requirió a las plataformas comercializadoras que retiraran un total de 3.351 anuncios de alojamientos ilegales de toda Cataluña.

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