La norma ha salido adelante con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, mientras que Junts ha avalado algunos puntos pero ha rechazado el grueso de la ley y PP, Vox y Aliança Catalana (AC) se han opuesto.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado el proyecto de ley, que ha llegado al debate final con enmiendas de Junts, PP, Vox, mientras que PSC-Units, ERC y Comuns habían presentado enmiendas conjuntas al dictamen emitido por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que pidieron Junts y PP.
En concreto, el CGE avaló la constitucionalidad del proyecto de ley para regular el alquiler de temporada pero cuestionó la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas tensionadas.
El texto establece medidas en el ámbito de la obra pública, administrativas y en materia de urbanismo y vivienda, y modifica las leyes del derecho a la vivienda, el texto refundido de la Ley de Urbanismo y la de mejora urbana, ambiental y social de barrios y vilas, además de los decretos ley de movilización de viviendas procedentes de procesos de ejecución hipotecaria y de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
La propuesta recoge que en los planteamientos urbanísticos de los municipios con una demanda residencial fuerte y acreditada, el uso predominante de las viviendas sea el de residencia habitual y permanente, y regula el alquiler de temporada vinculado a un plan especial que justifique el interés público y social y la idoneidad de la localización del alojamiento y establece que se regulen las condiciones de acceso y temporalidad.
Además, el proyecto regula el alquiler de habitaciones, con precios limitados, de manda que la suma de las rentas pactadas para cada habitación no sobrepase el precio del alquiler del piso.
También crea el registro de grandes tenedores, que dependerá de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, y una comisión de supervisión de contratos de arrendamiento de vivienda, y se declara a los inspectores agentes de la autoridad y se regulan sus funciones.
El texto, además, concreta la destinación de las fianzas que tenga en depósito el Institut Català del Sòl para incrementar los recursos públicos para la construcción de vivienda protegida y amplía los ámbitos en que la administración puede ejercer los derechos de tanteo y retracto".
DEBATE
Las diferencias entre los grupos se han mostrado durante el debate de la norma, y Junts lo ha evidenciado en la votación porque, pese a avalar el conjunto del texto, ha rechazado los artículos que atañen al alquiler de temporada y al de los grandes tenedores y se ha abstenido en del alquiler de habitaciones porque, pese a estar de acuerdo, discrepan de las "formas" adoptadas.
"La regulación es necesaria, pero si se basa en la contención de rentas, creemos que puede ser contraproducente y hacer desaparecer este tipo de contratos", ha advertido la diputada de Junts Glòria Freixa, que ha llamado a tener en cuenta el plan de vivienda asequible presentado por la Comisión Europa, que deja fuera las políticas de contención de rentas y apuesta por la inversión privada.
Desde el PP, Àngels Esteller ha criticado que en la comisión para la elaboración de esta norma se quiso "vetar" la comparecencia de los propietarios de pisos y no se les quiso escuchar y ha negado que el acceso a la vivienda sea un derecho fundamental, tras lo que ha acusado al Govern de no facilitar el acceso, sino de impedirlo destruyendo el mercado, textualmente.
Para la diputada de Vox Mónica Lora, la nueva regulación conllevará "más incertidumbre e inestabilidad" porque, a su juicio, invade competencias del Estado e impacta en la seguridad jurídica, por lo que ha concluido que la norma acabará afectando negativamente en materia de urbanismo y vivienda.
La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, ha defendido que con esta ley se busca "romper el barraquismo vertical en el que se han convertido las viviendas, que son fraccionadas en habitaciones, para evitar que se les aplique la limitación de precios de alquiler", y ha llamado al Govern a continuar trabajando para sacar la vivienda de la lógica especulativa del mercado.
Susana Segovia (Comuns) ha celebrado que salga adelante esta regulación, pero ha avisado a la consellera de que "si no se sanciona, no sirve de nada", y ha acusado al Govern de falta de voluntad política al argumentar que no ponen sanciones a quienes se saltan la Ley de Vivienda por inseguridad jurídica.
Por parte de la CUP, la diputada Laure Vega también ha reclamado al Govern que se pongan las pilas con la aplicación de sanciones, y ha criticado las advertencias de la derecha: "A mi me parece fascinante que la derecha, amante del orden y la legalidad, amante de que realmente las leyes se cumplan, estén aquí lloriqueando porque básicamente se controlarán un poquito los alquileres".
La líder de AC, Sílvia Orriols, ha considerado que las modificaciones no resuelven los problemas de vivienda existentes, ha señalado que el parque de viviendas está tensionado "por culpa de los partidos políticos que han convertido Catalunya en una ONG" y ha culpado a los socialistas de ser los responsables de imponer requerimientos inflexibles y cambios normativos constantes.
La diputada de PSC-Units Eva Candela ha reivindicado las políticas de vivienda impulsadas por el Govern y ha agradecido el apoyo de ERC y Comuns para hacer posible un acuerdo que "molesta a algunos diputados del hemiciclo", y dirigiéndose a Junts ha asegurado que estudiarán con calma algunas de las enmiendas que han presentado, dejando abierta la posibilidad de incluirlas en otra iniciativa parlamentaria.
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