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A la hora de invertir, siempre se suele optar por diversificar el patrimonio en aquellas alternativas que presentan un mayor rendimiento (y son más estable) a lo largo del tiempo para luego acometer otra inversión con las ganancias obtenidas. Para ello, los inversores se basan en el valor intrínseco, conformado por el retorno explícito (flujos de caja) y el implícito (liquidez). 

Y eso es lo que está ocurriendo en España con el bitcoin. Gracias a que su valor se ha multiplicado más del 1.000% en los últimos años, superando la barrera de los € 40.000 por unidad virtual, algunos de los osados que confiaron en la divisa virtual –que carece de valor intrínseco claro al no presentar un retorno explícito-, están optando por reorientar esas plusvalías hacia el siempre apetitoso sector inmobiliario.

Es cierto que el bitcoin, al igual que otras criptomonedas como Ethereum, no es un elemento tan habitual en la cartera de los inversores; un hecho que contrasta con el aumento de los anuncios en plataformas virtuales que permiten a realizar la transacción con esta divisa virtual. Un ejemplo de ello es el popular portal inmobiliario Idealista.

Un mercado –y una necesidad- en ciernes que ha venido acompañada de la creación de agencias inmobiliarias digitales especializadas en este tipo de transacciones, como Inviertis. La pregunta, por el momento, es si tiene sentido deshacerse de un activo que se ha apreciado más del 1.000% y que aún podría mantener su recorrido exponencial. Como siempre, todo depende del perfil del inversor: este podría presentar un perfil institucional sofisticado o ser de origen extranjero según los expertos consultados por InfoNegocios Barcelona.

Hay que señalar que realizar una transacción con bitcoins se sitúa dentro de la legalidad; pero con la peculiaridad de que esta siempre debe registrarse en euros ante notario al no tener la moneda digital un valor fiduciario ni ser de curso legal.

Eso sí, este debe especificar siempre que parte o toda la operación ha sido realizada con la criptomoneda previo acuerdo entre las partes. También deberá notificar a la Agencia Tributaria si sospecha de un origen ilícito de la divisa virtual, pues su opacidad es el gran atractivo para el blanqueo de capital y para las mafias.

Particularidades de la compraventa de inmuebles con Bitcoins
José Carmelo Llopis, delegado de nuevas tecnologías del Consejo General del Notariado, afirma que la ley actual, respecto a la compraventa de inmuebles, “permite que el pago se realice con otros medios que difieran a la entrega de dinero siempre que exista un acuerdo previo entre las partes”.

De esta manera, considerando los bitcoins como un instrumento de pago legal, las transacciones con esta criptomoneda están sujetas a tributación por parte de la Agencia Tributaria de cara a evitar el blanqueo de capitales. Si bien solo será necesario declarar las plusvalías en caso de haber obtenido ganancia patrimonial, puesto que según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), intercambiar bitcoins a euros -y viceversa- está exento de IVA.

Riesgos de la inversión en Bitcoins
A nivel internacional, en JP Morgan señalan que el bitcoin “decaerá hasta finales de marzo". Además, añaden que en el caso de “que no se asiente en los 40.000 dólares” la criptomoneda sufrirá una corrección.

Un hecho que pone de manifiesto la volatilidad de un activo sometido a un proceso inflacionario y cuya utilidad es la de presentarse como un refugio que ofrece una alta liquidez -tal y como ocurre con el oro, pero sin un respaldo claro para establecer un valor real, como lo son las reservas del metal precioso-.

A este respecto, Hugo Peterssen, trader con 20 años de experiencia en los mercados financieros -trabajando durante  6 de ellos para BBVA-, señala que “los activos financieros están inflados”, y culpa de ello a “los bancos centrales”. Problema que también se “extiende a las criptomonedas”, pues el experto sostiene que “hay que vender todo este año para evitar caídas del 20-30%”.

Hugo Peterssen considera que “la burbuja de criptomonedas se hundirá cuando los propios estados prohíban su uso” y, añade, que “al final serán residuales y carentes de valor”.