Los expertos coinciden en que esta ampliación solo tendrá sentido si se aprovecha para clarificar el marco regulatorio, ordenar la implantación y evitar una nueva oleada de confusión como la vivida en los últimos meses.
El Gobierno ha anunciado un nuevo aplazamiento en la obligatoriedad del sistema Verifactu, que finalmente no será exigible hasta 2027 tanto para pymes como para autónomos. El sistema, pensado para enviar automáticamente a la Agencia Tributaria el registro de facturas y reforzar la trazabilidad y la lucha contra el fraude, ya había sufrido un retraso previo y debía entrar en vigor en enero y julio de 2026, respectivamente.
El anuncio, integrado en el real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará en el marco de los compromisos alcanzados con Junts, ha supuesto un “alivio” para parte del tejido empresarial. Sin embargo, ha generado un profundo malestar en gestores, asesorías y consultoras que llevaban años trabajando para preparar a sus clientes ante la inminente obligación.
Desde Valio Consulting, firma especializada en asesoramiento contable y fiscal, denuncian la incertidumbre generada por este nuevo aplazamiento. “Hemos dedicado tres años a preparar a cientos de pymes, y sin anuncio previo nos trasladan que habrá un año más”, afirma Yannick Charton, CEO de la compañía.
Para Charton, el retraso supone un golpe para los profesionales que sí habían cumplido con los requerimientos de adaptación. “Se ha invertido tiempo y esfuerzo en acompañar a nuestros clientes, estableciendo alianzas tecnológicas para llegar al último día del año con todo en orden. Y a menos de un mes nos anuncian otra prórroga”, lamenta.
Proyecto impulsado desde 2022
La intención del Gobierno con Verifactu ha sido, desde su concepción, aplicar progresivamente un sistema que reduzca la manipulación de facturas, garantice la integridad de la información contable y permita a la Agencia Tributaria disponer en tiempo real de los registros de facturación mediante un software certificado.
El proyecto comenzó a impulsarse oficialmente en 2022 y estaba previsto para entrar en vigor en 2025. Sin embargo, las dificultades técnicas, el coste de implementación para pequeños negocios y la presión de las patronales llevaron a un primer aplazamiento a 2026 y, ahora, a un nuevo retraso que sitúa su obligatoriedad en 2027.
Los expertos coinciden en que esta ampliación solo tendrá sentido si se aprovecha para clarificar el marco regulatorio, ordenar la implantación y evitar una nueva oleada de confusión como la vivida en los últimos meses.
Charton advierte, además, que la prórroga llega en un momento en el que muchas empresas ya habían asumido el esfuerzo económico y operativo de adaptarse: “Gran parte de las pymes han dejado atrás sus sistemas informáticos tradicionales para pasarse a soluciones tecnológicas nuevas. Es una vergüenza que, por un hecho político, hayamos trabajado más en fidelizar clientes probando programas y proponiendo soluciones que en atender a nuevos clientes”, denuncia.
Desde la perspectiva empresarial, Charton afirma que, para muchas pymes, el impacto ahora es relativo pues llevan mucho tiempo realizado la adaptación. Aun así, el experto reconoce un sentimiento generalizado entre los profesionales del sector: “Es neutro para las empresas, pero hay un cabreo general entre los gestores” sentencia el CEO de Valio Consulting.
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