El Govern a través del Departamento de Empresa y Trabajo impulsó este Programa con el Acuerdo GOV/193/2022, de 4 de octubre, con el objetivo de dotar de recursos a la Agencia Catalana del Consumo (ACdC), con la contratación de 19 profesionales dedicados especialmente a velar por el cumplimiento de las obligaciones previstas en las disposiciones que refuerzan y garantizan la protección de las familias en riesgo de exclusión residencial.
La normativa establece que las personas físicas o jurídicas consideradas grandes tenedores deben ofrecer un alquiler social antes de interponer cualquier demanda de ejecución hipotecaria o desahucio –o bien antes de adquirir una vivienda fruto de acuerdo de compensación o dación en pago – cuando la unidad de convivencia de una vivienda se encuentra en situación de riesgo de exclusión residencial, de acuerdo con el nivel de ingresos previsto en la Ley 24/2015. Asimismo, la ley de 2022 amplía esta protección a todos los ocupantes de viviendas sin título jurídico habilitante, ya sea por vencimiento de su contrato de arrendamiento, por haber sufrido un proceso de reclamación de una deuda hipotecaria o por haber ocupado un vivienda desocupada de una entidad financiera o fondos de inversión. La principal función de las personas adscritas a este programa es tramitar los expedientes sancionadores a los grandes tenedores que incumplen esta obligación.
El Programa tenía una vigencia inicial de un año, prorrogable por un año más, a partir de la publicación del citado Acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya . El elevado número de expedientes y la necesidad de su tramitación en los plazos legalmente previstos, permitió prorrogarlo un año. Dado el gran volumen de expedientes que siguen entrando en la Agencia y que persiste el riesgo de exclusión residencial, el Gobierno ha acordado, de forma excepcional, alargarlo un año más.
Antes de la implementación del Programa, la ACdC había recibido 386 denuncias y comunicaciones, había realizado 150 actuaciones inspectoras y había abierto 141 expedientes sancionadores a grandes tenedores, de los que 57 se resolvieron con sanción. En datos de mayo de 2024, con el Programa en pleno funcionamiento, se han recibido 3.039 denuncias y comunicaciones, se han realizado 1.891 actuaciones inspectoras, se han abierto 1.292 expedientes sancionadores y se han resuelto con sanción 435.
Durante 2023 la media de expedientes abiertos ha sido de 100 cada mes. Por otra parte, además de los expedientes sancionadores abiertos en trámite (más de 600), existen aproximadamente unos 2000 expedientes pendientes de tramitar, lo que justifica ampliamente la necesidad de prorrogar este programa.
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