En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz comunitaria Francesca Dalboni, ha evitado poner objeciones a la maniobra del Gobierno tras asegurar que es prerrogativa de los Estados miembros adoptar este tipo de decisiones. "No tenemos ningún comentario específico", ha indicado.
Así, ha recordado que los tratados de la UE permiten restringir las libertades del mercado único, como la libertad de establecimiento y la libre circulación de capitales, por motivos de seguridad pública.
"Las medidas deben estar justificas y ser proporcionales al objetivo que persiguen", ha añadido Dalboni, quien ha indicado que las autoridades españolas no tenían obligación de informar previamente al Ejecutivo europeo sobre su decisión ni éste a aprobar el veto a la adquisición.
Después de que el potencial comprador, Magyar Vagon, haya anunciado que acudirá a instancias europeas para denunciar la maniobra de España, la Comisión Europea no tiene de momento noticias de la compañía. En este sentido, el portavoz comunitario, Eric Mamer, ha resumido que los principios por los que funciona el mercado de la UE aparecen recogidos en los tratados y este tipo de decisiones deberán ser supervisadas en última instancia por el TJUE.
El consorcio húngaro recurrirá el veto del Gobierno a su oferta, por lo que no se espera que retiren la oferta por lo que la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) se verá forzada a tomar una decisión sobre la desestimación de la OPA.
Si la CNMV espera a que los recursos se decidan, podrían pasar años con una OPA paralizada, con el consiguiente daño para Talgo, al no poder contemplar otras alternativas para ampliar su capacidad industrial. La OPA al haber recibido el veto del Gobierno no será aprobada, por lo que la operación no saldrá adelante, a no ser que los recursos sean favorables a los intereses de Magyar Vagon.
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