El número de registro es obligatorio según la normativa catalana para identificar a los establecimientos y como garantía de legalidad, entienden los protestantes.
Así, el sector turístico y la Generalitat de Catalunya consideran que la sentencia afecta negativamente sobre las empresas que realizan su actividad de forma legal, las comunidades locales, los propios turistas y las administraciones. Además, no comparten que exigir a las plataformas que ofrezcan únicamente oferta legal suponga someterlas a un régimen de control excesivo.
Las entidades consideran que la obligación de publicar el número de identificación del Registro de Cataluña como marca la ley catalana es una medida adecuada. En el Registro de Turismo se inscriben de oficio los establecimientos debidamente legalizados de todos los municipios de Cataluña y el código de la inscripción es un certificado de legalidad.
En el marco del despliegue de las actuaciones de control sobre plataformas, el Govern ha requerido la retirada de decenas de miles de anuncios a los operadores. Asimismo, ha abierto 1.706 expedientes sancionadores a personas que llevaban a cabo su actividad de alojamiento en viviendas de forma irregular. De éstos, 1.530 fueron resueltos con imposición de multas de entre 3.001 y 30.000 euros, con una cuantía total que supera los 9,2 millones de euros.