Pese al informe preceptivo en contra del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, dijo que ha estudiado "con respeto absoluto a las consideraciones" y ha señalado que se han "incorporado comentarios" para "clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica".
"Esta ley protege a los inquilinos, se lo pone fácil a los pequeños propietarios y exige responsabilidad a los grandes propietarios", ha apuntado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Por su parte, la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha vaticinado que el proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda aprobado por el Consejo de Ministros este martes será "completamente ineficaz" para frenar la escalada de los alquileres y "perjudicará gravemente" al mercado del alquiler.
"Es una ley innecesaria e injustificada. Además, ya se ha demostrado que en los países en los que se han intervenido los precios de los alquileres, estos no han bajado, y en algunos casos hasta han subido", ha recordado el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, quien ha puesto como ejemplo a Cataluña, donde tras establecer una regulación al mercado del alquiler en septiembre de 2020, estos han subido más que en otras comunidades autónomas, como la de Madrid, donde había libertad de rentas.
En su mirada, la única manera de que los precios de los alquileres bajen es a través del aumento de la oferta, como ocurrió en los primeros meses de pandemia, donde los precios bajaron porque se incorporaron al mercado del alquiler tradicional muchas viviendas que antes se alquilaban como turísticas y también porque salieron al mercado nuevas viviendas para complementar los ingresos de los arrendadores.
A su turno, el portal inmobiliario Fotocasa ha señalado que el proyecto de ley de Vivienda aprobado este martes en Consejo de Ministros es "positivo" respecto a las medidas relacionadas con establecer el derecho a un hogar digno, pero carente en cuanto a "seguridad jurídica y a incentivos fiscales".
En un comunicado, Fotocasa ha destacado que algunos puntos de esta ley son difíciles de llevar a cabo, como la definición de zona de mercado tensionado, en los que hay escasez de datos oficiales, o el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) a la vivienda vacía ante la dificultad de categorizar a una vivienda como tal.
Por su parte, Alquiler Seguro ha valorado muy negativamente el real decreto Ley por el Derecho a la Vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros y ha señalado que este "da la espalda" a las disposiciones aprobadas por los jueces (el Consejo General del Poder Judicial emitió un informe negativo la pasada semana) y no tiene en cuenta ni a los inquilinos ni a los arrendadores.
"Después de meses viendo cómo crece la incertidumbre y la inseguridad entre inquilinos y propietarios por los sucesivos anuncios del Gobierno, nos sorprende este nuevo intento de regular precios de espalda a los jueces", ha lamentado el consejero delegado de Alquiler Seguro, Antonio Carroza, quien ha señalado que las reglas para definir tanto lo que es una zona tensionada y como la propia intervención de los precios por parte de la Administración "está poco definida, es inconcreta y genera incertidumbre en el mercado".
"Si llega a aplicarse a nivel nacional, repetiremos la misma experiencia que la sufrida en los últimos meses en Cataluña desde la aplicación de la regulación de los precios de la Generalitat: inseguridad en el mercado, expulsión de inversores, reducción de la oferta y, como consecuencia, dificultad a los inquilinos para encontrar vivienda idónea", ha vaticinado Carroza.
Finalmente, el portal inmobiliario Idealista considera que la Ley genera incertidumbre en el mercado y ha alertado de que experiencias anteriores ya confirman que su utilidad para mejorar el acceso a la vivienda "sería nula, cuando no contraproducente".
"Volvemos a perder la oportunidad de crear medidas que realmente faciliten el acceso a la vivienda a los jóvenes y los más desfavorecidos y de crear un sector más sano y robusto", ha criticado portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, a través de un comunicado.
Además, el portavoz ha señalado que los tiempos fijados para el trámite parlamentario y los meses necesarios para poder poner la ley en marcha sugieren que la nueva ley no entraría en vigor hasta la siguiente legislatura, en la que las fuerzas parlamentarias podrían variar y también el interés político sobre la misma.
"La medida no ha contado desde sus inicios con el consenso ni de los socios de gobierno, ni de los expertos del sector", finaliza Iñareta.