El organismo ha fiscalizado todos los procedimientos de gestión aplicados por la empresa en su actividad de financiación a pymes durante 2023 y ha detectado que esta tiene carencias en el seguimiento y recuperación de préstamos fallidos o morosos, debido a la "insuficiencia de recursos humanos y al deficiente diseño de las herramientas de gestión empleadas".
En ese año, Enisa formalizó 586 operaciones de préstamos participativos por importe de 103 millones de euros. A su vez, liquidó 4.135 préstamos por 662 millones de euros, de los que 1.538 préstamos por 216 millones de euros resultaron de imposible recuperación. Al cierre de 2023, había 4.584 préstamos vivos por un valor de 677 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas ha apuntado que en los convenios liquidados con el Ministerio de Industria y Turismo, el 30,8% del importe invertido corresponde a préstamos fallidos o en recuperación judicial. La institución advierte que el Estado "asume la totalidad del riesgo de impago de los préstamos concedidos por Enisa, por lo que hay una falta de incentivo en el seguimiento y recuperación de los morosos y fallidos".
Además, destaca que en la gestión de préstamos el área de seguimiento es la que presenta mayores debilidades por la falta de personal. El informe apunta que la empresa amplió en 2023 sus funciones sin un refuerzo de recursos humanos, de modo que la insuficiencia de recursos humanos "se cubre con contrataciones de asistencias técnicas, lo que supone un riesgo y una debilidad de control".
ESTUDIO DE LAS NUEVAS FUNCIONES ASUMIDAS POR ENISA
La fiscalización también ha abarcado las nuevas funciones asumidas por esta entidad pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de gestión del programa "Marca España como Nación Emprendedora" así como la certificación de empresas emergentes (Ley de Startups).
El organismo presidido por Enriqueta Chicano también ha identificado incidencias en la certificación de empresas emergentes conforme a la Ley de Startups, como descertificaciones retroactivas por incumplimientos de requisitos o la inexistencia de manuales de procedimiento durante varios meses tras la entrada en vigor de la normativa.
En sus recomendaciones, el Tribunal de Cuentas insta a la empresa pública a actualizar sus procedimientos, reforzar los sistemas de control y digitalización, y mejorar la trazabilidad de la información. Asimismo, sugiere valorar nuevos enfoques para los estudios de impacto y publicar información más completa y accesible en su Portal de Transparencia.