A finales de 2021, el Ayuntamiento de Barcelona gastó 17,5 millones de euros en un plan para revitalizar el comercio de proximidad y de barrio con la compra de 35 locales para alquilarlos a gente dispuesta a montar negocios de proximidad y frenar la pérdida de tiendas de siempre. A fecha de hoy, los establecimientos todavía están cerrados y solo 17 serán adjudicados.
El proyecto, diseñado para ayudar a emprendedores, autónomos y pymes ha devenido en un “despropósito administrativo” porque “no se ha contado con los actores implicados ni se les ha preguntado qué buscan o qué necesitan para desarrollar sus negocios o nuevas ideas”. El fracaso de esta iniciativa pública de “monocultivo comercial”, responde a “una falta total de planificación, profesionalidad y empatía hacia el comercio de barrio”, explica Rodríguez, “porque no se ha sabido diferenciar entre ayudar al comercio de barrio y ser propietario de locales comerciales”.
A juicio del experto, la administración “se ha dedicado a sacar a concurso la compra de locales, sin tener en cuenta ni zona, ni los metros cuadrados de los locales, distribuciones, o aspectos tan elementales como que se pudiese cumplir las normativas que ellos dictan para abrir nuevas actividades”
Colaboración público-privada, una posible solución
Según Rodríguez, este proyecto fallido “no aporta nada a los barrios, comercios y emprendedores” y supone un desprestigio para la administración, por “el gasto que supone la compra y lo poco efectiva que está siendo, además del coste que le supone a la ciudadanía mantener estos locales en términos de IBI, comunidad o seguridad”.
En esta misma línea, el portavoz de Vivendex critica a la administración por no tener en consideración a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API): “están desaprovechando el conocimiento del que disponen sobre los locales, el tejido comercial, las necesidades de los barrios, las tendencias de nuevos comercios o los precios de mercado, tanto en alquiler como en venta”.
La solución para revertir esta situación, a juicio de Rodríguez, pasaría por una colaboración público-privada. “Debería ser imprescindible, para entender el modelo, y poder dinamizar el comercio en virtud de las necesidades de los vecinos y no de impulsos poco contrastados”.
Y añade que este tipo de decisiones denotan “falta clara de proyecto de ciudad en general, y de barrio en concreto”. Considera que “cuándo la administración participa de forma arbitraria en la compra de inmuebles, de algún modo desvirtúa el mercado”, porque “un proceso que debería ser transparente es todo lo contrario, porque se compran unos locales y no otros”.
Según datos del Censo de Establecimientos Comerciales de Catalunya, en Barcelona se encontraban en el año 2021 un total de 23.876 establecimientos comerciales, casi dos mil establecimientos menos que en 2019 (25.859 establecimientos) y cerca de cinco mil establecimientos menos en comparación con el año 2017 (27.155).