Del importe total que debe abonar Argentina, más de 11.000 millones corresponderían al fondo Burford, financiador del pleito, y el resto lo percibirían Repsol (con unos 1.500 millones) y las sociedades de la familia argentina Eskenazi.
En un principio, la firma Burford había declarado que el Gobierno argentino se negaba a pagar, tras advertir que iba a apelar la decisión del Tribunal del distrito de Manhattan. Sin embargo, Argentina ha reconocido finalmente el fallo, aunque ahora deberá negociar con la otra parte.
Estos fondos reclamaban que, en el momento de la nacionalización de YPF, en 2012, Argentina debía haber realizado una oferta de adquisición por toda la empresa (como fijaba el estatuto) y no solo por una parte.
"El Tribunal considera que los demandantes fueron perjudicados por Argentina, porque ellos tenían derecho a recibir una oferta pública de adquisición que les hubiera proporcionado una salida compensada pero no lo hizo", recogía la sentencia.
Esta condena, conocida el pasado viernes 8 de septiembre, supone un duro golpe en un momento en el que la situación financiera del país latinoamericano es cada vez más precaria, con una elevada inflación y gran inestabilidad monetaria.