En declaraciones a Europa Press, la plataforma también ha asegurado que ya ha informado a los anfitriones afectados. No obstante, ha lamentado que la falta de un marco regulatorio claro y las pugnas entre administraciones están generando una "confusión innecesaria" para anfitriones, operadores turísticos, plataformas y viajeros.
Por ello, considera "urgente" una regulación "justa y proporcionada" con el objetivo de proteger la seguridad jurídica y el futuro del turismo en España.
El Ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha identificado, a través de la Dirección General de Consumo, que más de 8.300 anuncios de dos plataformas, incluida Airbnb, serían ilícitos al publicitar viviendas turísticas como alojamientos de temporada para las que se permiten reservas por menos de 31 días, que es la duración mínima para este tipo de contratos que establece la ley tras la reciente modificación.
El propio organismo considera que estos anuncios podrían suponer una práctica de comunicación desleal por engañosa y, por tanto, una infracción del artículo 47 del TRLGDCU (el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
Una vez informadas, estas plataformas pasarían a tener responsabilidad directa sobre los potenciales ilícitos comunicados según establece la normativa europea. En caso de no retirar estos anuncios o bloquear su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente por parte de Consumo.
En el mismo marco de actuaciones en materia de vivienda, el Ministerio ya sancionó con 64 millones de euros a Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, y que supuso la retirada de más 65.000 anuncios en este portal.
Asimismo, Booking retiró más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley tras un requerimiento oficial de Consumo.