El servicio, contratado desde septiembre de 2025, ha pasado en menos de seis meses de un municipio piloto a once consistorios en plena operación, entre ellos Cassà de la Selva, Begues, Cabrera de Mar, Vidreres o Premià de Mar.
Un problema que crece con el territorio
Según estimaciones del Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a 1 de enero de 2024, el 19,5% de la población catalana tenía 65 años o más, lo que se traduce en cerca de 1,56 millones de personas. La tendencia, además, se intensifica: el Idescat proyecta que la población mayor de 65 años aumentará en el 94% de los municipios catalanes entre 2024 y 2034. En los municipios pequeños y medianos, ese crecimiento supera ya con claridad la media.
Se trata de un segmento de población que utiliza el móvil, pero no necesariamente de la misma forma que el resto: no descarga aplicaciones con frecuencia, no navega por portales web institucionales y no sigue cuentas públicas en redes sociales. Los canales digitales que los ayuntamientos han desarrollado en los últimos años, por bien diseñados que estén, no siempre alcanzan a estas personas. Y son, precisamente, quienes más dependen de los servicios públicos.
Una brecha legal, además de digital
El problema no es solo de hábitos. El 28 de junio de 2025 entró en aplicación la Directiva Europea de Accesibilidad (Directiva UE 2019/882), que obliga a que determinados productos y servicios digitales sean accesibles para todas las personas.
El panorama de cumplimiento es limitado. Según datos del Observatorio de Accesibilidad Web, solo el 26,95% de las webs en España alcanza el nivel de adecuación AA, exigido como referencia por la normativa europea, y apenas el 15,70% supera el nivel mínimo A. Ante esta situación en el conjunto de la red, es razonable pensar que una parte relevante de las herramientas de comunicación municipal tampoco cumple plenamente los estándares exigidos.
El colectivo más perjudicado por este déficit es el mismo que ya queda al margen de la comunicación digital convencional: personas mayores, con menor alfabetización digital y mayor dependencia de los servicios públicos, que se vuelven más vulnerables a la desinformación cuando los canales oficiales no les resultan accesibles. “Comunicar no es solo emitir un mensaje, sino garantizar que llegue. La tecnología pública debe ser una herramienta de acceso a derechos, no una barrera” apunta Gerard Pinar, COO de Bleta.
Una solución que no pide nada al vecino
El diseño de Connecta en Gran parte de una premisa clara: la solución no puede exigir al vecino que cambie su comportamiento digital. El ayuntamiento envía el aviso desde un panel sencillo y el mensaje llega al móvil del vecino en un formato simplificado, con letra grande y texto claro, que no requiere conocimientos técnicos para su lectura.
Para el consistorio, la integración es directa y no requiere recursos técnicos adicionales, lo que hace que sea especialmente adecuada para municipios con equipos reducidos. El servicio no sustituye los canales digitales existentes, sino que los complementa, cubriendo el tramo de población al que, de otro modo, no se llega.
Validada por los municipios y recomendada por la ACM
La adopción del servicio ha crecido por validación entre iguales. La Associació Catalana de Municipis (ACM) recomienda Connecta en Gran entre sus asociados, y el Consorci Localret la presentó como caso de éxito en enero de 2026 en el webinar «Eines digitals per millorar la comunicació amb la ciutadania sènior», con la participación de cerca de 50 representantes municipales.
En esa sesión se expusieron casos de uso reales del municipio de Cassà de la Selva, el primero en implantarla, y se abrió el debate sobre cómo garantizar que la transformación digital de la administración local no genere nuevas exclusiones.
Este contexto de validación institucional, casos documentados y municipios que recomiendan la herramienta a otros explica que, en menos de seis meses, el servicio haya pasado de uno a once ayuntamientos. “Digitalizar sin pensar en accesibilidad también es excluir. La tecnología pública debe diseñarse teniendo en cuenta la diversidad real de la ciudadanía.” concluye Isabel García, CEO y cofundadora de Bleta.