La medida es consecuencia del alto grado de incumplimiento detectado en la campaña de inspección de 2024, en la que Empresa y Trabajo ha constatado posibles incumplimientos de la normativa en el 77,2% de las empresas inspeccionadas, lo que representa un aumento del 9% respecto a los datos del año anterior.
En la última campaña de inspección, la Agencia Catalana del Consumo y la Dirección General de Comercio aumentaron sus controles, mayoritariamente en Internet. En total se inspeccionaron 79 empresas, frente a las 55 de 2023 (un 43,6% más), y 2.950 productos (el año anterior fueron 440) de electrónica, ropa y complementos, perfumería y productos para el hogar, que tradicionalmente concentran la mayor parte de los descuentos.
Tal y como prevé la normativa, Empresa y Trabajo incrementará la cuantía de las nuevas sanciones a aquellas empresas que tengan una firme el año anterior. Además, como medida disuasoria adicional a las sanciones económicas, tanto Consum como Comerç pueden incorporar una sanción accesoria de publicidad a las empresas multadas por infringir de forma reiterada la normativa. Esto permitirá hacer públicos sus nombres una vez que las sanciones se conviertan en firmes, es decir, una vez se hayan resuelto todos los posibles recursos presentados por las empresas en vía administrativa.
Por parte de la Agencia Catalana del Consumo, el objetivo prioritario es proteger a los consumidores ante el uso de publicidad que pueda inducir a engaño, de acuerdo con lo que prevé el Código de consumo catalán . Desde el ámbito de comercio, los controles se centran principalmente en garantizar la leal competencia entre establecimientos comerciales.
En materia de ofertas o promociones, la legislación contempla obligaciones para las empresas y comercios, tales como informar tanto del precio original como del precio rebajado o el porcentaje de descuento, teniendo en cuenta que el precio original sobre el que se realiza la rebaja será el más bajo que haya tenido el producto en ese mismo establecimiento en los treinta días anteriores a la promoción. Sin embargo , las actuaciones que contravengan la normativa de Comercio pueden recibir sanciones de hasta 20.000 euros, o hasta 100.000 en caso de reincidencia. Quienes vulneren los derechos de las personas consumidoras pueden implicar multas de hasta 100.000 euros.
Actualmente, las inspecciones llevadas a cabo el pasado mes de noviembre se encuentran en la fase de diligencias previas, lo que significa que las empresas pueden realizar alegaciones o aportar información. Por último, se abrirán los expedientes sancionadores correspondientes en aquellos casos en que se constate una conducta infractora.
A raíz de los controles realizados en 2023, el Departamento de Empresa y Trabajo abrió 41 expedientes sancionadores. En concreto, la Dirección General de Comercio abrió 31 expedientes sancionadores por infracciones en materia de competencia desleal, de los que 17 ya se han resuelto con sanciones por importe global de 185.000 euros. Por lo que se refiere a Consum, se abrieron expedientes disciplinarios por infracciones graves a 9 empresas, para constatar conductas infractoras según la normativa relativa a la protección de las personas consumidoras. Cada uno de estos expedientes puede acarrear sanciones de hasta 100.000 euros.
En la campaña de 2022, se sancionaron a un total de 47 empresas por un importe total de 1.014.000 euros.