Farfán es jefa de investigación en programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California San Diego e investigadora afiliada del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
El trabajo de la politóloga nos muestra una perspectiva del lavado de dinero pocas veces estudiado. Destaca porque pone a disposición del público los métodos específicos de lavado de dinero que hasta hace poco sólo se conocían en las Cortes de justicia de Estados Unidos. En el plano teórico, también supone una contribución importante al ofrecer un enfoque que permite una mejor comprensión sobre el comportamiento y la toma de decisiones de organizaciones de tráfico de drogas (OTD).
La autora propone dos variables determinantes para entender la toma decisiones de las OTD:
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El tipo de estructura de cada organización. Esta variable se relaciona con la cantidad de miembros que tiene la organización y si esos recursos humanos funcionan dentro una estructura jerárquica o de redes.
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La tolerancia al riesgo de la organización criminal, entendiendo por riesgo la mayor variabilidad en los posibles resultados de una decisión financiera, independientemente de si los resultados son los deseados o no (ver tabla 1).
Esta perspectiva sugiere que los métodos de lavado de dinero que escogen las OTD no son resultado de la voluntad de un individuo. Esto tiene consecuencias para el diseño de políticas públicas enfocadas al lavado de dinero. Como demuestra Farfán, cada organización criminal es diferente: “No puede haber una estrategia contra el lavado de dinero global, sino más bien empezar a entender cada organización en su propia dimensión, y una variable clave es saber de antemano qué nivel de riesgo van a tolerar”, escribe en su paper.
Una empresa que invierte en sus empleados
Farfán distingue dos tipos de formas que adoptan las organizaciones criminales: estructuras jerárquicas y de redes. A las primeras las llama así no porque tengan un solo líder que centraliza el conocimiento y toma todas las decisiones. Su principal característica es que en ellas se hace una fuerte inversión en recabar información sobre los empleados así como en su entrenamiento.
Cada tipo de estructura, además, determina ciertos comportamientos, entre ellos el nivel de “tolerancia al riesgo” que tienen al momento de lavar el dinero. Es allí donde Farfán enfoca su estudio.
La autora explica que las organizaciones jerárquicas “son muy eficientes en recabar información de sus empleados (quiénes son, quién es puntual, quién hace bien su trabajo, a quién hay que perseguir). Las jerarquías reducen costos de transacción. En las organizaciones de redes, en cambio, te contratan por tu expertise: no te desarrollan, no te enseñan y entonces eres mucho más remplazable”.
Esta diferencia en cómo se forma el capital humano de la organización criminal marca una diferencia en su tolerancia al riesgo: “Si a los empleados los matan o arrestan, a la estructura de redes no le preocupa tanto. Pero las estructuras jerárquicas tienden a ser menos tolerantes al riesgo de perder gente que les costó capacitar”, sostiene la investigadora.
Dicho de otro modo, las organizaciones que invierten cantidades significativas de dinero, tiempo y entrenamiento en los diferentes niveles de su estructura administrativa, tenderán a ser más cautelosas al lavar sus ganancias, ya que en caso de que sus empleados sean arrestados o asesinados, su baja causaría un alto costo para la organización.
Según el artículo de Farfán, la organización de Sinaloa y la de los hermanos Arellano Félix operan de esta manera, pues son jerárquicas. En contraste, la Familia Michoacana y Los Zetas, organizaciones con estructura de red, utilizaron métodos de lavado de dinero mucho más arriesgados.
Familia Michoacana y la música
En el 2010, la entonces Procuraduría General de la República en México (PGR) acusó a miembros de la organización de la Familia Michoacana de lavar sus ganancias ilícitas a través de conciertos musicales en ferias locales tanto en México como en Estados Unidos. Según Farfán, se trata de un método tolerante al riesgo.
Los registros públicos (basados en los expedientes de la PGR/SIEDO/UEIDCS/018/2010) que analizó la autora denuncian que esta organización contrataba grupos musicales para tocar en los Estados Unidos. Lo que levantó sospechas de las autoridades norteamericanas es que, a pesar de que estos conciertos tenían un costo promedio de 50 mil dólares, los grupos representados por esta organización firmaban contratos por medio millón. Una vez que el grupo regresaba a México, la banda llevaba el dinero en efectivo, después de haber pagado impuestos en Estados Unidos.
El artículo detalla que el acuerdo entre las OTD y los grupos musicales es una estrategia poco estable. Una vez que los grupos adquieren fama y no necesitan del dinero de la organización, buscan independizarse del crimen organizado. Eso, sin embargo, es prácticamente imposible ya que según se ha documentado en las últimas décadas, cuando los músicos intentan cortar lazos con la organización son ejecutados. Ese fue el caso del vocalista del grupo K-Paz de la Sierra, Sergio Gómez, encontrado muerto en 2007.
De acuerdo a las investigaciones judiciales revisadas por Farfán, uno de los administradores principales de la Familia Michoacana, Nazario Moreno, alias “el Chayo” o “el más loco”, ha sido señalado de haber ordenado el asesinato de Gómez. El cuerpo del cantante mostró señales de tortura y quemaduras severas en el área genital.
En 2012, señala el artículo, en Los Ángeles (California), una mujer ligada a la organización de la Familia Michoacana fue arrestada y extraditada a México. Ella supervisaba la entrega de drogas ilícitas que llegaban al puerto de Long Beach, escondidas en cajas de aguacate y latas de guacamole. Una vez que las drogas eran vendidas, ella blanqueaba el dinero a través de grupos musicales, entre ellos Los zafiros, Los hermanos Salgado, Los hermanos Gil, La dinastía Tuzantla y Trini y su leyenda.
Los Zetas: carreras de caballos
Las apuestas son un recurso muy usado para lavar dinero. Esta estrategia funciona porque las ganancias que se obtienen por esa vía son lícitas y también porque es posible arreglar las apuestas. La organización de Los Zetas, describe la investigadora, recurrió a las carreras de caballos para limpiar sus recursos ilícitos. Lo hizo de una forma que muestra falta de cuidado y una gran disposición a tolerar altos niveles de riesgo. Los datos recabados por Farfán muestran que hacían ostentación del dinero que lavaban, incluso después de varios encuentros con las autoridades.
En 2009 el líder de Los Zetas, Miguel Treviño, alias “El Z-40”, creó la corporación Tremor Enterprises en Lexignton, Oklahoma. Dos años después se estableció una compañía de responsabilidad limitada, Zule Farms. Estas empresas tenían por objeto comprar, entrenar, criar, vender, y hacer carreras con caballos de cuarto de milla (quarter horses).
Los nombres Tremor Enterprises y Zule Farms son relevantes, ya que el nombre Tremor viene de la combinación de los apellidos Treviño Morales, de los hermanos Treviño Morales y en particular de su líder, Miguel. Zule Farms se deriva del primer nombre de la esposa de José Treviño, hermano de Miguel.
La decisión de José Treviño de entrar en el negocio de las carreras de caballos parecía ser una buena opción para establecer un negocio legítimo donde lavar dinero en Estados Unidos. José obtuvo la ciudadanía estadounidense, adquirida a través de su matrimonio con una ciudadana de ese país, y no tenía antecedentes criminales. No obstante, la relación de José con Miguel era bien sabida por las autoridades en Estados Unidos, quienes reforzaban las inspecciones de seguridad cada vez que José cruzaba la frontera.
El artículo destaca que los hermanos Treviño Morales usaron nombres reales en las empresas que iban a lavar dinero, a pesar de que sabían que las autoridades estadounidenses los tenían vigilados. Esas empresas acumularon grandes cantidades en poco tiempo y levantaron sospechas. Por ejemplo, después de la primera carrera en la que Tremor Enterprises ganó, José depositó las ganancias de 435 mil dólares en un banco estadounidense.
Además, Miguel Treviño empezó a gastar mucho, comprando caballos por estridentes cantidades en subastas en plena época de recesión económica en Estados Unidos. Y José concedió varias entrevistas donde hablaba de sus éxitos en las carreras. A diferencia de los miembros de la organización de Sinaloa, cuyas fotografías son escasas, la familia Treviño Morales voluntariamente apareció en revistas de caballos. Parecía que, más que esconderse, lo que buscaban era presumir de su éxito.
Independientemente de las diferencias de personalidad de los individuos de cada organización, lo que Farfán señala, comprobando así su hipótesis, es que, en el caso de Los Zetas, la decisión de escoger métodos de lavado de dinero tolerantes al riesgo se basó potencialmente en el hecho de que esta organización tenía una nómina de personal rotativa. Es decir, tenían una baja inversión en recursos humanos, y por lo tanto la pérdida de uno o varios elementos no significaría una pérdida considerable para la organización.
Los Arellano Félix: casas de cambio
A diferencia de la Familia Michoacana y los Zetas, la organización de los hermanos Arellano Félix, cuya estructura es identificada por Farfán como jerárquica, escogía métodos de lavado de dinero poco tolerantes al riesgo.
En el verano del 2013, Eduardo Arellano Félix, alias “El Doctor”, fue sentenciado a 15 años de prisión por cargos de lavado en una corte federal de San Diego. Eduardo fue acusado desde 1998, junto con sus hermanos Alberto, Benjamín, Francisco Javier, y otros socios, por cargos de tráfico de drogas. En 2002 enfrentó cargos por estafa, conspiración para distribuir e importar marihuana y cocaína y por lavado de dinero.
La investigadora resalta que en la acusación los fiscales especificaron los roles que Eduardo desempañaba en la organización criminal. Sin embargo, su rol en el lavado de dinero era, y sigue siendo, poco clara. Y esta incongruencia llevó a la autora a investigar más a fondo: si no era Eduardo, ¿quién blanqueaba los ingresos ilícitos de los Arellano Félix?
Investigaciones posteriores identificaron a Ivonne Soto Vega, alias “La Pantera”, como una de las encargadas de lavar dinero para esta organización. Lo hacía desde la ciudad de Tijuana, en el estado norteño de Baja California. Ya en julio del 2001, la PGR en México la había identificado en ese rol. Sin embargo, en el 2005, una corte de circuito en México determinó que no había suficiente evidencia en su contra, así que Ivonne Soto fue puesta en libertad.
Ese mismo año, en Estados Unidos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señaló a Ivonne Soto y José Manuel Ruelas Martínez como los responsables en el lavado de dinero para la organización de los hermanos Arellano Félix. Ellos administraban un grupo de corredores de bolsa que operaba una casa de empeño, un restaurante y nueve casas de cambio de moneda, ocho de las cuales estaban en Tijuana y una en Guadalajara, en el estado de Jalisco.
En el 2005, de acuerdo con la Red para el Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), los dólares de las ventas ilícitas de droga de los Arellano Félix en Estados Unidos se transferían en grandes cantidades a México. Estos dólares después regresaban a Estados Unidos a través de las casas de cambio de moneda en México, ocultando así su origen ilegal, y se depositaban en bancos estadounidenses a nombre de las casas de cambio. Como una medida extra de precaución, el dinero de estas cuentas era transferido vía giros bancarios alrededor del mundo.
Farfán destaca el hecho de que no se haya incluido a Ivonne Soto Vega en el juicio de los Arellano Félix. Esto es llamativo no sólo porque en 2001 el Gobierno mexicano ya la había identificado, sino también porque en 2005 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que Ivonne lavó más de 120 millones de dólares en un período de tres años. Esto corrobora la hipótesis de Farfán de que los métodos que eligieron en ese entonces eran adversos al riesgo, ya que quienes lavaron el dinero no fueron arrestados y se conservaron las casas de bolsa y otras propiedades de la organización.
Farfán argumenta que lavar dinero a través de casas de cambio podría ser considerado como una estrategia adversa al riesgo, ya que, en el tiempo que Ivonne Soto lavó dinero, existían importantes vacíos en las regulaciones en México. En ausencia de instituciones y regulaciones, como era la situación a principios de 2000, utilizar casas de cambio de moneda se puede considerar como un método adverso al riesgo.
Sinaloa: comercio de oro
En febrero del 2015, 31 individuos fueron arrestados en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero por la cantidad de 98,7 millones de dólares para la organización de Sinaloa.
La denuncia indica que estas personas juntaron 101 millones de dólares en ingresos de la venta de drogas. De ellos, 98,7 millones fueron usados para comprar oro, 1,4 millones fueron confiscados por las autoridades y aproximadamente medio millón fue transferido a una cuenta bancaria.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas personas lavaban dinero de la organización de Sinaloa comprando piezas sueltas de oro y oro refinado. Después lo revendían a joyerías localizadas en su mayoría en Florida. Finalmente transferían el dinero a México.
Con el fin de amortiguar los riesgos, Sinaloa diferenciaba funciones y roles incluyendo operaciones de recolección de dinero, operaciones de contrabando de dinero en grandes cantidades y operaciones que incluían comprar oro.
En una transacción estándar, un corredor de la organización de Sinaloa le otorgaba un número de teléfono a un socio junto con una contraseña que tendría que decir al individuo que respondiera el teléfono. La contraseña se usaba para confirmar que ambas partes estaban ejecutando una transacción acordada previamente entre el corredor y la organización de Sinaloa. Si la contraseña y el nombre no cuadraban, la recolección no se realizaba y el comprador contactaba al corredor para acordar una nueva fecha o bien cancelar la operación completamente.
Una vez que el mensajero entregaba el dinero, la persona que lo recibía lo usaba para comprar oro y mandarlo a refinerías previamente acordadas en Florida y ocasionalmente en California. El oro se mandaba usando sobres prepagados con números de rastreo que se le daban al corredor vía email. Una vez que el oro había sido mandado, el corredor y el remitente confirmaban el precio para estimar el pago por los servicios prestados, usualmente entre 1 y 2 por ciento del total del dinero lavado.
El precio al contado era generalmente verificado por un miembro de la organización de Sinaloa, que se lo confirmaba al corredor. En algunas ocasiones, cuando el miembro de la organización no estaba de acuerdo con el precio que establecía el corredor, era el corredor y su equipo quienes absorbían los costos.
Debido a la naturaleza ilegal del negocio, la entrega del dinero entre el mensajero y el comprador de oro se realizaban en lugares públicos, generalmente estacionamientos durante el día, permitiendo a ambas partes intercambiar el dinero sin levantar sospechas. El dinero nunca se contaba en público y era transportado en bolsas de plástico de supermercados comunes para no llamar la atención.
La autora concluye que este método de lavado de dinero es adverso al riesgo para la organización, ya que quienes corren el mayor riesgo son los individuos involucrados en la operación. Sin embargo, para Sinaloa el riesgo es menor, ya que de ser capturados los corredores o mensajeros, las cantidades de dinero perdidas serían menores.
Implicaciones de la investigación
La investigación de Cecilia Farfán presenta evidencia de cómo cuatro organizaciones de tráfico de drogas escogieron diferentes métodos de lavado, dependiendo de su nivel de inversión en capital humano, lo que tiene un impacto en su tolerancia al riesgo. Esto demuestra que la elección de los métodos de lavado de dinero son el resultado de una estrategia particular y no de la casualidad.
Esta investigación permite entender mejor cómo las organizaciones de tráfico de drogas toman decisiones sobre lavado de dinero. Esto a su vez contribuye a que quienes toman decisiones y diseñan políticas públicas puedan anticipar con mayor precisión el comportamiento de las organizaciones de tráfico de drogas dependiendo de su estructura y de su tolerancia o no al riesgo.
Lo que queda claro es que, a diferencia de los delitos asociados con el narcotráfico, como bien lo señala la autora, existen muy pocos estudios que arrojen luz sobre cómo funciona el complejo mundo del lavado de dinero.
La versión original de este artículo fue publicada por el Centro de Investigación Periodística (CIPER) de Chile.
Karina G. Garcia Reyes, Profesora de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales y del departamento de Estudios Latinoamericanos, University of Bristol
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
