Igualmente, Cataluña es la única comunidad donde hay más encuestados (28%) que prevén que la nueva empresa pública de vivienda facilitará a los propietarios poner un inmueble en alquiler, frente a quienes opinan lo contrario (25%). De nuevo, la mayoría (47%) se muestran neutros sobre este punto. Asimismo, los catalanes son también quienes más apoyan en toda España la posibilidad de que la nueva empresa pública de vivienda facilite vender un inmueble (22%), aunque en este caso los pesimistas superan a este primer grupo por dos puntos porcentuales (24%), mientras que la gran mayoría (54%) se mantienen neutros. En el caso de la compra, vuelven a ser los catalanes los más optimistas de España sobre el impacto de la nueva empresa pública de vivienda: un 31% opinan que este proyecto facilitará la adquisición de un inmueble, frente a un 22% que consideran lo contrario, y un 47% que se muestran equidistantes.
No obstante, entre los grandes mercados inmobiliarios españoles, Cataluña es donde hay un menor conocimiento sobre la existencia de la nueva empresa estatal de vivienda: únicamente el 33% de los encuestados admite tener información sobre este proyecto (un 9% de forma profunda y otro 24% de manera más superficial), mientras que el 67% señalan que no están enterados del tema.
La nueva empresa pública de vivienda dependerá del Gobierno central y se nutrirá de la transferencia de la propiedad o de la gestión de miles de inmuebles de varias sociedades estatales hacia la ya existente Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes). Con esta iniciativa, el Ejecutivo pretende actuar de forma más activa en el mercado inmobiliario, participando directamente en la promoción, construcción, gestión y comercialización de vivienda pública, con el fin de incrementar la oferta a precios más asequibles.
“Enfocar los esfuerzos en la necesidad de más vivienda pública es clave, ya que es donde reside realmente el problema de las subidas de precios. Construir más viviendas protegidas sería una de las medidas que ayudarían a sanear el parque, ya que en estos momentos España cuenta con menos del 3,5% de vivienda social. Incrementar la oferta de viviendas protegidas contribuiría significativamente a equilibrar el mercado y ayudar en el acceso a los colectivos más vulnerables. Aunque esta medida es positiva para ampliar el parque público, resulta esencial definir cómo se financiará esta empresa, dado el alto presupuesto necesario. La viabilidad económica de esta acción será crucial para garantizar su impacto y sostenibilidad a largo plazo”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
Menos de uno de cada cuatro españoles conoce el proyecto de creación de una empresa pública de vivienda
A nivel nacional, únicamente el 38% de los españoles conoce el proyecto de creación de una empresa pública de vivienda por parte del Gobierno. Entre estos, un 12% afirman tener información en profundidad de esta medida, mientras que un 26% admiten haber recibido referencias sobre la cuestión, pero no que están familiarizados con ella. Por el contrario, un 62% de los españoles no tiene ningún conocimiento sobre esta nueva empresa pública de vivienda,
Por segmentos de mercado, son los propietarios arrendadores (58%) los que más conocen esta medida, mientras que los inquilinos son quienes tienen un menor conocimiento del proyecto (41%). Por su lado, tanto compradores (45%) como vendedores (46%) de vivienda tienen un nivel de conocimiento similar. Se puede observar que estos públicos objetivos que están activos en el mercado tienen un grado de conocimiento superior sobre el proyecto en comparación con la población general.
Por otro lado, el nivel de familiarización con la nueva empresa estatal de vivienda incrementa según la edad. Así, conocen la iniciativa el 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años, mientras que este porcentaje va aumentando en la franja entre 25 y 34 años (33%), y sigue esta tendencia ascendente en los cohortes de 35 a 44 años y de 45 a 54 años (ambos en un 37%), para terminar en un 44% de conocimiento en el grupo de 55 a 75 años.
Casi un tercio de los españoles afirman que la medida dificultará alquilar viviendas en propiedad
Con relación al impacto de la medida, un 36% de los encuestados opinan que favorecerá el acceso de potenciales inquilinos a una vivienda de alquiler, mientras que el 26% creen lo contrario. Por su lado, un 38% consideran que la nueva empresa pública de vivienda no tendrá ningún efecto claro en el mercado. De forma opuesta, el 31% de los españoles prevén que la creación de la nueva sociedad dificultará a los propietarios alquilar una vivienda como arrendadores, frente a un 25% que indican que la iniciativa favorecerá este proceso. Un 44% de los encuestados se muestra neutro ante este aspecto.
A pesar de que el objetivo del Gobierno es que la nueva sociedad pública retenga la propiedad del parque inmobiliario bajo su gestión, la encuesta también señala que un 30% de los españoles consideran que el proyecto dificultará la venta de una vivienda, mientras que el 21% opina que lo hará más fácil. El 49% restante se muestran neutros en este punto. Por otro lado, con relación a la compra, un 33% de los encuestados afirman que la iniciativa facilitará adquirir un inmueble, mientras que el 27% opinan lo contrario. El 40% restante son indiferentes sobre esta cuestión.
Los madrileños son quienes más conocen la creación de una empresa pública de alquiler
A nivel territorial, la Comunidad de Madrid es donde más encuestados (48%) aseguran tener conocimiento de la creación de la nueva empresa pública de vivienda. Por su lado, otras autonomías como la Comunidad Valenciana (38%) presentan un grado de conocimiento inferior a Madrid, como también es el caso de Andalucía (35%) y Cataluña (33%). La media del resto de comunidades autónomas se sitúa en el 38%.
Asimismo, si se observa el impacto esperado de la creación de la empresa pública de vivienda en el mercado, es en Cataluña donde más encuestados (36%) opinan que facilitará a los inquilinos poder alquilar un inmueble, seguida de la Comunidad Valenciana (35%), Madrid (35%), y Andalucía (34%). La media del resto de autonomías se sitúa en un 37% de favorables a este punto. En todas las regiones, quienes tienen una visión optimista de esta cuestión superan a sus detractores, aunque hay importantes porcentajes de encuestados que se mantienen neutros.
Si se atiende a la posibilidad de alquilar una propiedad como arrendador, se invierte la situación. En la mayoría de las comunidades pesan más quienes opinan que la empresa pública dificultará esta opción: representan el 35% de los andaluces (frente a un 23% de favorables a la iniciativa), el 33% de los valencianos (contra un 25% de defensores), el 32% de los madrileños (ante un 23% de partidarios) y el 30% de la media del resto de autonomías (por solo un 26% que se muestran a favor). Únicamente en Cataluña se da el caso contrario y hay más personas (28%) que señalan que la medida facilitará alquilar un piso como arrendador que encuestados que piensan lo contrario (25%). Con todo, el porcentaje de personas que se muestran neutras es mayoritario en todas las zonas.
En lo relativo a la venta, los niveles de incertidumbre todavía son aún más altos (alrededor del 50% en todas las autonomías). Sobre el efecto de la empresa pública en la venta de una vivienda, hay más encuestados en todas las comunidades que señalan que ahora será más difícil esta posibilidad en comparación con quienes prevén que será más fácil: Andalucía (35% vs. 20%), Comunidad Valenciana (32% vs. 19%), Madrid (31% vs. 19%), y Cataluña (24% vs. 22%), además de un 30% vs. 22% en el resto de España.
En cambio, el porcentaje de optimistas supera al de pesimistas en todas las regiones en lo referente a la compra. Opinan que será más fácil adquirir una vivienda gracias a la empresa pública el 34% de los valencianos (frente al 30% que creen lo contrario), el 33% de los andaluces (versus un 31% de pesimistas), el 32% de los madrileños (vs. un 29%), el 31% de los catalanes (vs. un 22%), y el 35% del resto de españoles (vs. un 25%).