Uno de cada tres propietarios opta por pasarse al alquiler para estancias cortas o vacacionales
Por otro lado, más allá del mencionado fenómeno de retirar directamente una vivienda del mercado, la encuesta de Fotocasa Research detecta también la tendencia de cambiar a otros regímenes de alquiler que no estén afectados por las limitaciones a los incrementos de rentas impuestas por la Ley de Vivienda. Entre los arrendadores catalanes que conocen la normativa, el 33% afirma que ya han pasado de un arrendamiento más estable en el tiempo a un modelo de alquiler para estancias cortas o vacacionales, o bien que se plantean hacerlo con total o bastante probabilidad en el futuro.
“La normativa implementada en Cataluña desincentiva que los propietarios mantengan sus viviendas en el mercado del arrendamiento de larga estancia. En concreto un 11% ya ha puesto su vivienda en el alquiler vacacional, un 16% lo ha hecho en el temporal y un 6% se ha pasado al alquiler de habitaciones. Estos particulares perciben con malestar y desconfianza la norma y buscan otras vías que no limiten la hoja de ruta de su rentabilidad sin estar expuestos a limitaciones. El impacto de esta situación es evidente: el mercado de alquiler catalán se encuentra en mínimos históricos de oferta disponible y sufre una creciente fragmentación. En Barcelona, por ejemplo, actualmente hay más habitaciones en alquiler que viviendas completas, lo que refleja una desestructuración del sector. Esta drástica reducción de la oferta de vivienda en alquiler no solo genera una mayor competencia entre los inquilinos, sino que también encarece los precios y dificulta el acceso a la vivienda, afectando especialmente a quienes tienen menos capacidad económica para asumir condiciones más exigentes o plazos de alquiler más cortos e inestables”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.
Igualmente, a causa de las limitaciones de rentas establecidas por la Ley de Vivienda, un 6% de los propietarios catalanes ya ha empezado a alquilar habitaciones de forma individual (en un piso que antes tenían en el mercado como una vivienda entera) y otro 22% se plantea hacerlo con bastante o total probabilidad. También es significativa la proporción de propietarios que afirman que invertirán menos en sus inmuebles en alquiler como consecuencia de la aplicación de la Ley de Vivienda: un 35% lo hará con bastante o total probabilidad y un 8% ya lo está haciendo en la actualidad.
Por último, cabe tener en cuenta que el nivel de conocimiento sobre el límite al precio de alquiler en zonas tensionadas para nuevos contratos impuesto por la Ley de Vivienda es muy elevado en Cataluña. Entre los arrendadores familiarizados con la mencionada legislación nacional, el 96% del total afirma tener constancia de las limitaciones sobre las rentas previstas en la Ley. En conjunto, un 61% de los encuestados tiene un conocimiento concreto y específico de la medida, mientras que un 35% tiene referencias sobre el tema, pero sin profundizar, y únicamente el 4% no tiene constancia de ello.
Aumentan los que creen que la Ley de Vivienda dificultará el alquiler a propietarios e inquilinos
Además de la propia limitación sobre los precios del alquiler, otra de las razones señaladas por los encuestados en Cataluña para oponerse a los efectos de la Ley de Vivienda es que dificultará el proceso de arrendar un inmueble. Entre quienes conocen dicha normativa, han crecido en cuatro puntos porcentuales en el último año quienes afirman que será más difícil para un propietario alquilar un inmueble, hasta situarse en un 39% en febrero de 2025. Mientras, la tasa de quienes consideran que será más fácil se ha mantenido estable (con un leve descenso de solo tres décimas de punto, hasta el 15%). Con todo, una parte importante de los encuestados se muestra neutral en este aspecto.
Asimismo, es interesante observar que esta tendencia crítica con la Ley de Vivienda se extiende también a los efectos de la legislación sobre la parte demandante. Entre los conocedores de la actual legislación, también un 39% de los encuestados consideran que la Ley de Vivienda hará más difícil lograr alquilar una vivienda a los inquilinos, siete puntos más que hace un año, mientras que quienes opinan lo contrario se han reducido en más de tres puntos porcentuales y se sitúan por debajo del 21%.