En el Consell Executiu de este martes, el Govern ha aprobado autorizar a la Conselleria de Derechos Sociales la realización de una consulta pública previa a la elaboración del decreto.
El objetivo es adecuar la actividad de estos profesionales a lo que establecen la Ley del derecho a la vivienda y el Código Civil catalán para ofrecer "una mayor protección" a los usuarios.
El decreto prevé regular los requisitos legales y reglamentarios necesarios para garantizar el desarrollo de las funciones de estos profesionales y mejorar el grado de conocimiento que los consumidores tienen sobre la capacitación y calidad de los profesionales.
También pretende reforzar la capacidad de la administración para "garantizar el buen funcionamiento" de los servicios y la atención que reciben los usuarios para que todos los que operen en el mercado trabajen en libre competencia lícita y de conformidad con la legislación.
El Govern ha advertido de que se han detectado en el mercado nuevos operadores inmobiliarios que han abierto negocios sin clarificar a los consumidores y usuarios si quien está ofreciendo el servicio ha accedido de acuerdo a la regulación, puesto que existe "un cierto vacío legal" en ella.