El retroceso en el conocimiento respecto a 2022 no es compensado por el incremento de los que sí afirman conocer positivamente la ley, que pasan del 5% al 9% (un porcentaje este último más parejo al 8% de los que estaban al tanto de la propuesta en febrero de 2021).
Por ello, en total, entre ambos colectivos suman un porcentaje más bajo de gente que declara conocer la ley que el registrado en el periodo anterior, ya que se desciende del 50% de febrero de 2022 al 48% actual. Es decir, que, pese al crecimiento de los más informados, el descenso de los que la conocen únicamente por encima o de oídas arrastra el conjunto hasta perder esos dos puntos porcentuales respecto a un año y medio antes. Esto hace que hasta el 52% de los particulares consultados aseguren no conocer en absoluto la Ley de Vivienda.
“Es imprescindible que todas las partes que conforman el mercado de la vivienda tengan conocimiento suficiente sobre las leyes y normativas que rigen su funcionamiento. En el caso de la ley de vivienda, los resultados revelan que la insuficiencia de conocimiento sobre la norma es generalizada. Esta situación genera dudas y desconfianza en los actores dando lugar a equivocaciones e inseguridad. Una buena alternativa es recurrir a profesionales inmobiliarios que cuentan con la formación y los conocimientos necesarios sobre la nueva ley y las normativas en vigor para poder asesorar tanto a ofertantes como a demandantes y que ambos lleguen a acuerdos fructíferos”, comenta María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.
Si analizamos el grado de consciencia de la ley desde el punto de vista de los segmentos de edad, comprobamos que los que suman entre 45 y 54 años y los mayores de 55 son los que en mayor medida afirman contar, en general, con al menos con algún grado de noción de la normativa. Así es en el 49% y el 50% de los casos, respectivamente. No obstante, si nos atenemos únicamente al conocimiento pleno de la misma encontramos que este se presenta en estos dos segmentos tan solo en el 8% y 6%, respectivamente, que, si bien son porcentajes superiores a los de febrero de 2022, siguen siendo significativamente bajos.
Entre los jóvenes, en cambio, los porcentajes de aquellos que afirman conocer la ley son superiores. Así, los del grupo entre los 18 y los 24 años son el 11% (en febrero de 2022 eran el 8%), mientras que los que suman entre los 25 y los 34 ascienden al 10% (un año y medio antes eran el 9%). Sin embargo, también en estos segmentos se encuentran los porcentajes más altos de desconocimiento absoluto de la norma, que en el colectivo de menos edad alcanza el 56% y en el de sus inmediatos predecesores el 55%.
Esto supone que, en su conjunto, los menores de 35 años sean los particulares que, en un grado u otro, menos conocimiento tienen de la ley de vivienda (44% entre 18 y 24 y 45% entre 25 y 34).
Entre ambos extremos de edad encontramos que en el grupo de edades comprendidas entre los 35 y los 44 años se sitúa el conocimiento más alto, pese a que este no pasa del 12%. Como ocurre en los casos anteriores, el hecho de que los que aseguran únicamente haber oído hablar de la Ley, pero no estar familiarizados con ella, descienda desde febrero de 2022 del 46% al 36%, lastra a este colectivo hasta situarlo con un desconocimiento total del 54%.
Si analizamos los datos desde la perspectiva territorial, se observa que la comunidad autónoma donde existe un mayor conocimiento de la ley es Madrid, donde un 11% son conscientes de sus detalles (cuatro puntos porcentuales más que en febrero de 2022) y un 43% afirman estar al tanto, pero sin encontrarse familiarizados con la misma. En total, los que aseguran conocer la norma de un modo otro asciende al 55%, exactamente el mismo porcentaje que un año y medio antes.
A continuación, se posiciona Cataluña, donde saben de la existencia de la ley el 51% de los encuestados (algo menos que en febrero de 2022, cuando eran el 52%). Nuevamente, se aprecia que, a pesar del incremento de los que aseguran conocerla, que saltan del 6% al 9%, el promedio se resiente del desplome de los que dicen ser conscientes de su existencia, pero de manera somera, los cuales pasan del 42% al 48%.
Menor aún es la popularidad de la norma en Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde los que conocen su existencia, en un grado u otro, son únicamente el 42% y 45%, respectivamente. Llama la atención, especialmente, el descenso en el caso andaluz, que venía de un 51% en febrero de 2002, es decir, nueve puntos menos ahora que entonces.