Han sido manifiestos sus incumplimientos del Acuerdo de Asociación con la UE, pero también sus restricciones arbitrarias a la importación u otras medidas contra socios con los que existían tensiones políticas.
En este sentido, las medidas de represalia comercial contra España, como consecuencia de su giro en relación con el Sáhara, han ido escalando desde marzo de 2022 y están afectando gravemente a las relaciones económicas entre estos socios estratégicos.
El contexto: la economía de Argelia
Argelia es un país muy extenso pero casi todo desértico. Tiene más de 43 millones de habitantes de los que la mitad tienen menos de 30 años. La población se concentra, sobre todo, en núcleos urbanos de la costa norte.
Tiene una economía débil: en 2019 su PIB apenas crecía al 0,8 % y el crecimiento en 2021 y el previsto para 2022 se sitúan en el entorno al 3 %, no muy elevado para un país que tiene las terceras reservas mundiales de gas.
La renta per cápita es reducida (menos de 4 000 dólares) y el desempleo elevado (11,5 %). El petróleo y el gas suponen dos tercios de sus ingresos y más del 95 % de sus exportaciones. Tiene una considerable economía sumergida, un sistema financiero poco desarrollado y una legislación muy intervencionista y de aplicación incierta.
Argelia recibe muy poca inversión extranjera y se sitúa en puestos bajos en los índices de Transparency International (117 de 180) y el Doing Business del Banco Mundial (157 de 190).
Forzada por la inestabilidad política, en los últimos años Argelia ha practicado una política monetaria muy expansiva que ha devaluado el dinar argelino (aunque sin disparar la inflación). Sus elevados déficit públicos y por cuenta corriente, cercanos al 10 % del PIB antes de la pandemia, y sus escasas reservas explican su elevado proteccionismo, con constantes prohibiciones y restricciones a la importación.
El proteccionismo comercial
A partir de 2015 Argelia comenzó a bloquear las importaciones de forma masiva y en 2016 quedaron sujetas a licencia. En 2018 decretó la prohibición temporal de importación de 877 artículos (incluyendo teléfonos móviles, electrodomésticos, materias primas y algunos alimentos), que fue reemplazada en 2019 por derechos de aduana provisionales y de salvaguardia (DAPS), adicionales a los ordinarios, con una horquilla de entre el 30 % y el 200 % para más de 1 000 posiciones arancelarias.
La Comisión Europea alertó entonces de la incompatibilidad de los DAPS con el Acuerdo de Asociación firmado en 2002 y en vigor desde 2005, estimando el daño anual para las exportaciones europeas en unos 1 000 millones de euros. Aunque Argelia se comprometió a revisar trimestralmente sus aranceles no cumplió y, finalmente, la UE decidió activar, en junio de 2020, la cláusula de arbitraje del artículo 100 del Acuerdo, para buscar una solución política sin tener que acudir a un arbitraje externo, cuyo laudo sería de obligado cumplimiento para ambas partes.
Argelia tampoco ha cumplido con el desmantelamiento arancelario contemplado en el acuerdo de asociación, y continúa aplicando a los productos de origen europeo tasas ilegales como:
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Tasa interior al consumo (similar a un impuesto de lujo de entre 10 % y 60 %, que afecta a 182 posiciones arancelarias).
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Tasa de contribución de solidaridad para el pago de pensiones de jubilación (del 2 % para todas las importaciones).
Estas medidas se suman a otras, como la sustitución del pago al contado de las importaciones por su pago en diferido a 9 meses, o el uso preferente del transporte marítimo argelino (aunque su cuota de mercado es de apenas el 5 %).
Pese a todo, las autoridades argelinas llevan tiempo reclamando una revisión completa del tratado, que mejore las condiciones de acceso al mercado europeo para las empresas argelinas.
El proteccionismo comercial es utilizado por Argelia como forma de presión política. Francia sufrió diversas medidas tras unas polémicas declaraciones del presidente Macron, en octubre de 2021, que llevaron al cierre del espacio aéreo argelino para los aviones militares franceses.
Es en este contexto, y en medio del deterioro de las relaciones bilaterales con España por su cambio de postura sobre el Sáhara, en el que hay que entender las recientes medidas adoptadas por el Gobierno argelino en contra de los intereses españoles.
Las relaciones económicas bilaterales
Argelia desempeña un papel fundamental en la estrategia energética de España, gracias al gas que llega a través del gasoducto Medgaz, que conecta ambos países. Es uno de los socios prioritarios para la política comercial española y está incluido en la lista de países prioritarios de la estrategia para África del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
España es el tercer mayor cliente de Argelia y su cuarto proveedor y socio comercial. En los últimos años, España ha estado exportando a Argelia por valor de entre 2 000 y 3 000 millones de euros e importando por valor de entre 3 000 y 4 500 millones, con un déficit de entre 1 000 y 1 500 millones (véase la Figura 1).
Las exportaciones de España a Argelia están bastante diversificadas, lideradas por maquinaria y aparatos mecánicos (9 %); papel, cartón y sus manufacturas (7 %); productos siderúrgicos (7 %), aparatos y material eléctrico (5 %), y plásticos y sus manufacturas (5 %). La exportación de automóviles fue muy importante hasta 2019, pero ha caído bruscamente desde entonces.
Las importaciones, por el contrario, se concentran casi exclusivamente en productos energéticos (92 %) y algo de productos químicos inorgánicos (3 %), con un papel residual para abonos (2,5 %) y productos de la pesca (0,4 %).
EE UU, nuevo proveedor de gas
La fuerte competitividad de los últimos tiempos en el mercado del gas ha hecho que EE UU haya relevado a Argelia como principal suministrador de gas a España, aunque el 30 % del gas que importa es argelino.
España depende en gran medida del gas argelino pero Argelia, a su vez, depende en gran medida de las importaciones de bienes de equipo y –en menor medida– de alimentos de España.
La inversión extranjera en Argelia es muy reducida debido al intervencionismo gubernamental. Y la de España no es una excepción. Aunque Argelia eliminó recientemente (salvo en sectores estratégicos) la regla 51/49 de mayoría de capital argelino y el derecho de adquisición preferente del Estado en ventas de empresas, no ha conseguido interesar al inversor español.
Según el registro de inversiones de España, Argelia ocupa el puesto 57 entre los países en los que España invierte (por un monto de 434 millones de euros), mientras que las inversiones argelinas en España en 2019 ascendían a 342 millones de euros (en gran medida por las inversiones de Medgaz).
Sin embargo, la proximidad por un lado y la dependencia argelina de tecnología extranjera por otro, hace que numerosas empresas españolas busquen negocio en este país. Entre las energéticas, destaca Naturgy, que es accionista del gasoducto Medgaz, que conecta la costa argelina con Almería. La empresa pública argelina de energía Sonatrach tiene un 4 % del capital de Naturgy. Repsol y Cepsa también están presentes en el país magrebí.
Las empresas de construcción e ingeniería españolas son muy activas en Argelia. Técnicas Reunidas es adjudicataria de un contrato para una refinería (cuya ejecución está aún pendiente). Acciona está a cargo del diseño, construcción y operación (a 25 años) de una desaladora. Sacyr gestiona dos desaladoras en las que también participa Abengoa.
Indra tiene contratos de gestión de transporte y tráfico, y para la modernización de las administraciones públicas argelinas. La empresa agroalimentaria Vicky Foods tiene una fábrica localizada cerca de Orán.
Operar en Argelia, sin embargo, no es sencillo ni está exento de problemas. Duro Felguera ha llevado a los tribunales la ejecución de avales del contrato de construcción de una central eléctrica. Sener y Seat tuvieron que abandonar el país. Sener había participado en la construcción del metro de Orán y en diversos aeropuertos, y Seat ensambló durante años sus modelos Ibiza y León (producidos en Martorell) pero la crisis de 2019 le llevó a traspasar su negocio a Skoda.
Las medidas de represalia
Tras el anuncio del cambio de posición del Gobierno de España en relación con el Sáhara, asumiendo las posiciones de Marruecos, Argelia retiró a su embajador en España el 19 de marzo y ha ido adoptando una serie de medidas económicas de castigo. Dichas medidas no se han producido por la vía regulatoria ordinaria, sino a través de instrucciones o medidas indirectas:
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El 21 de marzo los importadores argelinos de ganado vacuno vivo informaron a sus proveedores españoles del bloqueo de la tramitación de licencias de importación desde España (20 000 toneladas anuales). En los días siguientes se comenzaron a detectar problemas crecientes en las importaciones procedentes de España, como paralizaciones en el puerto o dificultades para obtener licencias.
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El 1 de abril el presidente de Sonatrach anunció el mantenimiento de los precios “relativamente correctos” del gas suministrado a sus clientes, pese a la fuerte subida experimentada tras la invasión de Ucrania. Añadió, sin embargo, que no excluía “proceder a un recálculo de precios con nuestro cliente español”. Sonatrach tiene actualmente firmado con Naturgy un contrato a 30 años que expira en 2032. Este acuerdo garantiza las cantidades suministradas pero los precios son renegociados cada tres años. La última negociación, iniciada en octubre de 2021, cubre el periodo de enero de 2022 a diciembre de 2024 y aún no ha concluido.
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El 11 de abril la energética italiana Eni firmó una alianza con Sonatrach para aumentar las exportaciones de gas argelino a Italia en un 40 % a partir de 2023 y 2024. Aunque este acuerdo se explica en parte por la capacidad excedentaria del gasoducto de Italia, también se ha interpretado como un aviso a España de las prioridades argelinas a la hora de asignar las disponibilidades futuras de gas.
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El 8 de junio, tras la comparecencia del presidente Pedro Sánchez ante el Congreso (en la que ratificó el giro anunciado respecto al Sáhara), la Asociación de Bancos y Entidades Financieras de Argelia (ABEF) dio instrucciones a sus bancos de congelar las domiciliaciones bancarias para las operaciones de comercio exterior de productos dirigidos o procedentes de España.
Respecto a la medida del 8 de junio, hay que recordar que, conforme a la ley argelina, la domiciliación bancaria es obligatoria para el pago de cualquier operación de importación de bienes y servicios.
Los efectos económicos de las medidas proteccionistas
La escalada de represalias económicas de Argelia va a perjudicar enormemente al comercio con España. Por el momento, las últimas medidas anunciadas, pese a que en teoría se aplican a flujos “de y hacia España”, no afectan a las exportaciones de Argelia a España ya que, teóricamente, estas no están sujetas a domiciliación bancaria.
Así pues, el suministro de gas argelino debería mantenerse sin cambios, a la espera de los resultados de las negociaciones sobre el precio aplicable al periodo 2022-2024. Cualquier incumplimiento contractual en términos de cantidades tendría graves repercusiones para el prestigio de Argelia como fuente energética fiable y sería una decisión arriesgada, pero no hay que descartar que se justifique con el suministro diferencial hacia Italia. En cualquier caso, los incumplimientos de Argelia operan por la vía práctica y rara vez tienen plasmación jurídica oficial.
Las exportaciones españolas, sin embargo, sufrirán un gran impacto. La prohibición de domiciliación bancaria impide, en la práctica, importar bienes de España. Esto afectará a los exportadores españoles de productos finales o intermedios, como a las empresas españolas que están ejecutando contratos u operando plantas en Argelia, ya que a menudo necesitarán acceso a tecnología española importada.
Por otra parte, la falta de concreción jurídica de la última medida (que no deja de ser una instrucción de una asociación bancaria) ha provocado incertidumbre y preocupación en el sector empresarial y en el financiero.
Es innegable que la medida también perjudicará a la propia economía argelina, muy dependiente tanto de alimentos como de productos intermedios, tecnología y maquinaria española para su propia actividad productiva. Pero la realidad es que el Gobierno de Argelia está acostumbrado a asumir los costes económicos cuando considera que están en juego intereses nacionales. Las tensiones que se produjeron con Francia (principal socio europeo de Argelia) en otoño pasado son un buen ejemplo.
No conviene, por tanto, confiarse y pensar que no existe el riesgo de una escalada que pudiera afectar a sectores mucho más estratégicos para España.
Una versión de este artículo fue publicada originalmente en la web del Real Instituto Elcano.
Enrique Feás, Investigador principal del Real Instituto Elcano, Profesor asociado, IE University
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
