La normativa comunitaria permite ahora a la compañía asiática un plazo para examinar y responder a las acusaciones, pero este paso formal abre la vía al Ejecutivo comunitario para imponer multas de hasta un 6% del volumen de negocio anual mundial de TikTok si persiste en el incumplimiento pasado ese periodo.
Lo que reprochan los servicios comunitarios a la empresa es que TikTok no proporciona la información necesaria sobre el contenido de los anuncios, los usuarios a los que se dirigen estos anuncios y quiénes pagaron por ellos.
Además, el registro (o 'repositorio') que ha puesto en marcha TikTok como parte de las demandas de la DSA no cumple con el requisito de permitir al público buscar anuncios de forma exhaustiva sobre la base de esta información, lo que limita la utilidad de la herramienta.
Bruselas considera "fundamental" la biblioteca de anuncios para que los investigadores y la sociedad civil detecten anuncios fraudulentos, campañas de amenazas híbridas, así como operaciones de información coordinadas y anuncios falsos, también en el contexto de las elecciones.
En su investigación, los servicios comunitarios se apoyaron en el análisis de documentos internos de la empresa, la puesta a prueba de las herramientas de TikTok y entrevistas con expertos en la materia.