Ahorrar en España sale más caro que en la mayoría de países del entorno. No porque los bancos cobren más, sino porque Hacienda se queda con una parte mayor de lo que ese dinero rinde: en España, un euro invertido en un depósito, un fondo o una cartera de acciones paga de media más impuestos que el mismo euro invertido en el resto de la Unión Europea. Ese sobrecoste explica, en parte, por qué tantas familias españolas prefieren dejar sus ahorros parados en una cuenta corriente antes que ponerlos a producir.
Así lo confirma el informe «La tributación del ahorro financiero en España. Situación actual y propuestas de mejora y reforma», elaborado conjuntamente por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y EFPA España con la participación de entidades como Banco Santander, Cuatrecasas y KPMG. El estudio sitúa la tributación efectiva sobre los productos financieros en España en el 22%, frente al 14% de media en la Unión Europea y al 16% de la OCDE: ocho y seis puntos por encima, respectivamente.
El abogado Abel Marín Riaguas, socio fundador de Marín & Mateo Abogados y autor de «Protege tu Herencia» (Roca Editorial), coincide con el diagnóstico pero matiza su alcance tras dos décadas en procesos sucesorios: «Se ve mejor en el inventario de una herencia que en cualquier estadística: matrimonios que ahorraron durante décadas y cuyo patrimonio final se reduce a un par de inmuebles y una cuenta corriente que ha perdido poder adquisitivo en silencio, sin fondos ni acciones ni planificación alguna».
El informe cifra en un billón de euros el ahorro español inmovilizado en cuentas sin rentabilidad.
El tipo marginal máximo del IRPF sobre las rentas del ahorro alcanza en España el 30%, doce puntos por encima del promedio comunitario (18%). En planes de pensiones, el país mantiene una neutralidad fiscal del 0% en la aportación, frente al tipo efectivo medio negativo de la UE (-23%) y la OCDE (-26%), con un rescate que tributa como renta del trabajo y puede alcanzar tipos marginales del 47%. Para Marín Riaguas, ese marco castiga de forma desproporcionada a quien menos margen tiene para esquivarlo: mientras los grandes patrimonios acceden a estructura y asesoramiento especializado, es el ahorrador de renta media, con nómina, vivienda y depósito, quien soporta en términos relativos el tipo efectivo más alto.
El abogado sitúa el fondo del problema fuera del terreno estrictamente fiscal: «Quien no entiende su propio patrimonio depende de alguien. Y a un dependiente se le maneja: en una herencia, en una oficina bancaria y en una urna. Un país donde la mayoría no comprende lo que gana, lo que paga y lo que pierde no es un país prudente. Es un país fácil».
La brecha se confirma por nivel de renta: las cuentas y depósitos representan el 48% de la cartera financiera en los hogares con menores ingresos, frente a solo el 19% en los de rentas más altas, que sí incorporan acciones no cotizadas y participaciones. La limitación de las aportaciones deducibles a planes de pensiones, fijada en 1.500 euros desde enero de 2026, agrava esta ecuación, y una encuesta de EFPA España entre más de 260 asesores certificados sitúa la ampliación de estos límites como primera prioridad de reforma.
Marín Riaguas defiende esa revisión fiscal, aunque recuerda que la planificación patrimonial y sucesoria es una palanca que las familias pueden accionar hoy, sin esperar a un cambio normativo: «El momento de hacerla es cuando todavía resulta aburrida», sostiene, recordando que sentarse con un buen asesor una tarde cuesta menos que cuarenta años de no hacer nada. Con todo, insiste en dónde está el fondo del asunto: «Una fiscalidad razonable ayudaría. Ciudadanos que entiendan su propio dinero ayudarían más».