El decreto aprobado por el gobierno se ha centrado en dar las herramientas a los diferentes vectores de la administración ya los municipios para que las baterías dejen de ser un elemento a temer por el desconocimiento y se conviertan en un activo de la transición energética con claras directrices sobre cómo gestionar la autorización.
"Esta normativa se justifica por la urgencia de los hechos sucedidos, pero es urgente que se pueda aplicar de forma inmediata para tramitar diligentemente los 94 expedientes en curso que permitirán dotar al sistema eléctrico a Cataluña de una capacidad de gestión por almacenamiento de 1 GW, aportándole robustez y flexibilidad. Es un decreto transversal, técnico y sin contenido ideológico".