Según ha relatado la SEC, los cargos presentados contra el directivo se refieren a dos acuerdos firmados tanto a título personal como de WWE, uno en 2019 y el otro en 2022.
El primero obligaba a McMahon a abonar 3 millones de dólares (2,93 millones de euros) a una antigua empleada a cambio de que no revelase que mantuvieron una relación y renunciase a litigar en un futuro contra él o la compañía.
De su lado, el segundo resolvía que McMahon pagaría 7,5 millones de dólares (7,32 millones de euros) a una excontratista independiente de WWE para que tampoco hablase contra McMahon y desistiese de ir a juicio.
La SEC ha constatado que esto se ocultó al consejo de administración de WWE, a su departamento legal, de contabilidad, finanzas y a los auditores.
"[Se] eludió el sistema de controles contables internos de WWE y causó errores materiales en los estados financieros de WWE de 2018 y 2021", ha explicado la SEC, que ha precisado que el beneficio neto de 2018 y 2021 figuraron como un 8% y un 1,7% superiores a lo que realmente fueron, respectivamente. WWE publicó cuentas de resultados actualizadas en agosto de 2022 tras conocer los hechos.