Los investigadores del regulador se han dirigido al área de distribución de las compañías energéticas y los técnicos han solicitado datos internos de estas unidades de negocio.
Las eléctricas están "colaborando al 100%" en la investigación
En concreto, las visitas de los inspectores se han producido a lo largo de las últimas semanas y la investigación de la CNMC está todavía en curso.
Las mismas fuentes del sector indicaron que la investigación buscaría probar la existencia de posibles trabas por parte de estas compañías al impulso del autoconsumo colectivo, aunque podría ampliarse a más asuntos.
La CNMC sólo informa de sus investigaciones si de ellas se deriva la apertura de un expediente.
Hace unas semanas, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aprovechó la Cumbre de Autoconsumo organizada por la patronal fotovoltaica UNEF para cargar contra las compañías distribuidoras por poner supuestamente obstáculos para que nuevas plantas de autoconsumo se conecten a la red.
"Hago un llamamiento a los distribuidores para que se tomen en serio esta función de servicio de conectar todos los autoconsumos, no únicamente cuando los promotores de estas instalaciones son sus empresas", afirmó en aquella ocasión.
Las plantas de autoconsumo con una potencia superior a los 15 kilovatios están obligadas a pedir permiso a los gestores de las redes de distribución, que son los grandes grupos eléctricos, para poder conectarse y así verter la electricidad sobrante y ser compensadas por ello.
Por su parte, las grandes eléctricas se defienden de estas acusaciones subrayando que la tramitación del autoconsumo es un proceso regulado en el que intervienen varios agentes y que puede resultar complejo para los consumidores, una complejidad que puede retrasar las activaciones, especialmente en la modalidad del autoconsumo colectivo.
Otra investigación en abril
Dentro del sector eléctrico, el pasado mes de abril, la CNMC ya abrió investigación contra un total de 35 pequeñas y medianas comercializadoras de electricidad por una posible manipulación del mercado eléctrico para favorecerse de la denominada 'excepción ibérica'.
En concreto, entre las empresas investigadas por el regulador se encuentran Holaluz, Cox, Fenie Energía, Alpex Ibérica, Alterna, Neuroenergia o Som Energía, entre otras.