Estas provisiones se han realizado con arreglo a la "mejor estimación" que puede realizar el banco con la información disponible hasta la fecha y con la intención de que sean "suficientes" para hacer frene a las contingencias legales, según explica CaixaBank en su informe financiero anual.
Estos 92 millones están provisionados para hacer frente a las obligaciones que pudieran derivarse de procedimientos judiciales por las tarjetas 'revolving' y/o con pagos aplazados o, en menor medida, a préstamos personales con un tipo de interés sometido a revisión judicial.
"Los desembolsos que finalmente pudieran ser necesarios dependerán de los términos concretos de las sentencias a las que tenga que hacer frente la entidad, y/o el número de demandas que sean atendidas, entre otros", indica el banco. CaixaBank no espera que estas reclamaciones puedan tener un "efecto material adverso" en los negocios, la situación financiera o los resultados de la compañía.
CaixaBank ha desglosado el dato exacto de estas provisiones después de que el año pasado el Tribunal Supremo dictara una sentencia sobre las tarjetas de crédito 'revolving' que ofrece "certidumbre y seguridad jurídica" a la hora de determinar lo que es usura y lo que no.
El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo estableció un criterio en febrero de 2023 por el cual solo se puede determinar que un interés es "notablemente superior" si la diferencia entre el tipo medio de mercado y el pactado supera los 6 puntos porcentuales.
El Supremo desestimaba así un recurso de casación contra una sentencia que la que se declaró no usurario un interés del 23,9% TAE.