A juicio de la asociación, esta decisión pone en riesgo "la seguridad jurídica del mercado del alquiler", al cambiar las reglas de juego durante un plazo limitado de tiempo, con una medida que, "además de ser de dudosa efectividad", podría provocar "importantes daños patrimoniales" y "un frente de litigiosidad de los propietarios hacia el Estado".
Con la introducción de esta norma, los grandes propietarios que actualicen los precios de los contratos de sus viviendas en alquiler hasta el 30 de junio deberán hacerlo siempre por debajo del Índice de Garantía de Competitividad (IGC). En el caso de los pequeños tenedores, el incremento del alquiler será el pactado entre las partes, si bien ante la ausencia de acuerdo, la actualización tampoco podrá superar el IGC.
Del mismo modo, la norma incentivará, según la asociación, que haya menos oferta de viviendas en alquiler en el mercado, lo que supondrá una "mayor dificultad de acceso a la vivienda de alquiler", especialmente a colectivos más desfavorecidos o los jóvenes, con precios "inasumibles" para ellos.
Respecto a la duración de la medida, desde ACI han subrayado que tiene "muy corto alcance", ya que "solo beneficiará a uno de cada cuatro inquilinos" al afectar únicamente a inmuebles cuya revisión de precios se produzca de abril a junio, "dejando muchas de las revisiones fuera del alcance de la medida que ha tomado el Gobierno".
La Asociación de Consultoras Inmobiliarias ha calificado como necesario que el Gobierno revise esta medida y abra un diálogo con todos los agentes del sector para encontrar soluciones "pactadas" y "con efecto", que sean beneficiosas para propietarios e inquilinos".
"La cuestión de la vivienda debería ser una cuestión fundamental y de Estado en España, y por ello consideramos que deben adoptarse medidas con un previo consenso y resultados tangibles y visibles", ha señalado el presidente de ACI, Ricardo Martí-Fluxá.
Asimismo, han apostado por ahondar en medidas que velen por la seguridad jurídica de los agentes involucrados en el mercado del alquiler inmobiliario para que la actividad fluya "en un contexto de libre mercado".