Según el mencionado estudio, solo el 0,3% de los aumentos de precios de vivienda en los últimos cinco años se pueden atribuir a los alquileres de corta duración, mientras que el resto de los factores no están relacionados con los alquileres a corto plazo, y son debidos, principalmente, a que no se construyen suficientes viviendas y los altos volúmenes de viviendas vacías.
Además, la plataforma ha señalado también que España tiene casi cuatro millones de viviendas vacías que componen más del 14% del parque total de viviendas de España, casi 30 veces más que los alojamientos exclusivamente dedicados al turismo.
Sobre otro estudio, ésta vez de Oxford Economics, la compañía ha apuntado a una de sus conclusiones: "Estima que si todos los anuncios en Airbnb se devolvieran al mercado residencial, los precios de las viviendas locales en estas ciudades caerían en menos del 0,4% en Barcelona y el 0,3% en Madrid".
Además, este informe subraya que una disminución significativa de la oferta de alojamiento en viviendas de uso turístico, fruto de las restricciones regulatorias, aumentará los precios de los hoteles y restará competitividad al sector turístico.
Aún así, desde la compañía se ha reconocido que algunas ciudades y destinos en España tienen en el turismo de masas y en la concentración de la actividad turística un enorme desafío, alineándose con los gobiernos en la intención de aliviar la crisis de vivienda.
Modelo regulatorio de Airbnb
El modelo de regulación que Airbnb propone se basa en cuatro principios regulatorios. En primer lugar, la plataforma aboga por la distinción clara entre las actividades empresariales a través de alquileres turísticos dedicados únicamente al alquiler de corta duración y el hospedaje ocasional en los hogares de las familias.
Para la compañía, es importante también un sistema de registro único, armonizado, gratuito y en línea; según la normativa de la Unión Europea, unido a unas reglas basadas en evidencias y datos, proporcionadas, no discriminatorias y justificadas.
Por último, el cuarto principio se basa en regulaciones adaptadas a las necesidades de áreas menos frecuentadas y conocidas, típicamente rurales, en contraste con la complejidad de los ámbitos urbanos, y que promueven la dispersión de los viajes por toda España.